Hace unos días, Inprovo, la organización interprofesional de  operadores de la cadena alimentaria del huevo en España, desde las granjas de gallinas ponedoras a los centros de embalaje e industrias de ovoproductos, aprobó la obligación de una aportación económica obligatoria durante cinco campañas a todo el sector para realizar acciones, entre otras, destinadas a promover el consumo de huevos y ovoproductos y a orientar la producción al mercado y a las demandas de los ciudadanos sobre bienestar animal, con la finalidad de beneficiar tanto a este sector económico como al consumidor.
A pesar de que ha atravesado momentos complicados derivados del incremento de costes de las materias primas, las dificultades en las cadenas de suministro y la incertidumbre generada por los brotes de influenza aviar, produce y distribuye el único alimento básico cuyo consumo en el último año, según el MAPA, ha crecido un 0,4%, mientras ha descendido un 6,1% la compra de alimentos  -pescado (-12,2%), carne (-7,4), frutas frescas (-9,2%) y hortalizas (-9,1%)-, como consecuencia del incremento del precio medio de los alimentos del 11,3 %. Casi con toda seguridad ha tenido mucho que ver el hecho de que el huevo no solo ofrece una excepcional calidad nutritiva, sino que también es un alimento muy asequible gracias al buen desempeño de estos operadores.
España cuenta con unas 7.461 explotaciones con un censo de más de 47,3 millones de ponedoras que contribuyen al 2,5% de la Producción Final Agraria y a un grado de autoabastecimiento de huevos del 125%, con un claro balance comercial positivo. Es uno de los principales productores de huevos de la UE, por detrás de Italia, Francia y Alemania, representando el 12% de la producción europea. El 25,3% del censo español está en Castilla-La Mancha que produce cerca de 270 mil docenas de huevos al año, siendo la primera región en producción de huevos con un 27% del total del país.  
Desde el 2012, el sector ha ido reconvirtiendo las explotaciones, invirtiendo para adecuarlas a los nuevos requisitos de bienestar animal, fruto de mejor y mayor conocimiento disponible sobre las necesidades de las gallinas ponedoras, y adoptando sistemas alternativos a las jaulas. Así, en España la cría en jaulas ha pasado del 60,5% de las explotaciones en 2013 al 28,1% en 2022, aunque el censo de gallinas en sistemas alternativos (ecológico, campero y suelo) solo supone el 31,4% del total. Sin embargo, la media europea se sitúa en el 56,75%, alcanzando Alemania el 95,2%, Francia el 45,9% e Italia el 64,4%.
En 2018, se registró la iniciativa ciudadana europea 'End the Cage Age' para pedir la prohibición del uso de jaulas en ganadería, por lo que la Comisión Europea se comprometió a presentar, a finales de 2023, una propuesta legislativa para eliminar gradualmente y finalmente prohibir su uso. Para apoyar una transición equilibrada y económicamente viable hacia la cría sin jaulas que reclama la sociedad europea, el gobierno de Castilla-La Mancha ha facilitado al sector ayudas, financiadas con fondos europeos, con los que se espera la reconversión de unos 2,5 millones de ponedoras.