Los grupos de whatsapp se han convertido en algo cotidiano. Todos tenemos grupos de compañeros de trabajo, del colegio de los niños, de la familia más o menos cercana, de los amigos de toda la vida, del padel de los domingos… Grupos donde interactuamos con mayor o menor entusiasmo -del simple emoticono del aplauso a  los mensajes de audio tamaño podscats- y donde siempre -e insisto en lo de siempre- se genera alguna polémica que puede llegar a mayores. Y es que, como dice un buen amigo, los grupos de whatsapp los carga el diablo.
Les pongo el ejemplo de mi grupo de vecinos del barrio, donde un participante se pasa el día dando cera a todo aquel que se le cruza por medio. No se libra nadie de su mordacidad, ni los balones perdidos en el parque. Insistiendo en lo que dice mi amigo: los grupos de whatsapp los carga el diablo.
Solo hay que ver la que se lió hace una semana en la Universidad de La Rioja por la filtración de una serie de mensajes -francamente repugnantes-, sacados de un grupo de whatsapp de los alumnos del grado de Educación Primaria sobre sus nuevas compañeras de primer año.
Parto de la premisa de que los redactores de estos mensajes -donde los más bonito que dicen de sus compañeras es que son 'quesitos de cabra'- deben de tener una nula o, al menos, escasa capacidad intelectual y cultural. Considero que quien escribe así y  lo hace, además, en un grupo de cerca de 200 personas, cada una de su padre y de su madre, no está dotado de muchas luces, pero la pregunta sería ¿es legal hacerlo? ¿qué pesa más: la privacidad de un grupo o el derecho al honor de las afectadas?
De momento, la Universidad de La Rioja ha abierto un expediente informativo para dilucidar si estos mensajes son, además de asquerosos, sancionables. Y en el ámbito penal, las mujeres afectadas «tienen todo el derecho de presentar una denuncia debido a los mensajes humillantes relacionados con su género», según me informan desde Legalitas. En concreto, los 'redactores' de estos whatsapps podrían ser penados con entre 6 y 2 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses. Cifras que subirían hasta un máximo de 5 años de cárcel si se considerase que estos delitos atacan la intimidad de la víctimas.
No sé en qué quedará este caso, lo que sí hay que tener claro es dónde están los límites de esta aplicación, que nos facilita la vida -y la comunicación-, pero que nos puede meter en un lío cuando se confunde con la barra de un bar. Cada vez que hacemos un pantallazo de una conversación o reenviamos un vídeo más o menos chistoso, podemos estar incurriendo, sin saberlo, en un delito. ¿Toca ya legislar de una forma específica el uso y disfrute de las redes sociales para que todos aprendemos con qué reglas jugamos? Se verá.