Menos mal que en Europa queda algún reducto de personas que cultivan el sentido común. El pasado martes en reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea lo pudo comprobar el recadero de Puigdemont, nuestro ministro de Exteriores, señor Albares. Nada más empezar el Consejo (ya lo había advertido antes) expresó su oposición a que se considere el catalán lengua oficial de la Unión Europea. «Tenemos muchos asuntos más importantes que resolver», fue la expresión del letón, apoyados por otros miembros.
La situación social, política y mental de España, casi no tiene solución, pero no crean que el resto de Europa dista mucho de nosotros, aunque conservan un poco más de sentido común... todavía…
En la Unión Europea hay veinticuatro lenguas oficiales, pero se hablan más de ochenta. La nómina de traductores ya es suficientemente abultada como para que se multiplique aún más. Sin embargo, la inmensa mayoría de los contactos e intervenciones entre los representantes políticos y funcionarios, se hace en la misma lengua. ¿A qué ese gasto estúpido en traductores como otras mil cosas superfluas? Porque el usar una legua que los hablantes entienden en común no quita para que en cada país o territorio se hable, se fomente y se cuide la legua autóctona propia, pero hacer de una legua una carga, no beneficia ni a la propia lengua que se quiere proteger.   
El problema es que con estas y otras estupideces, Europa se está quedando atrás en su capacidad de influir en el mundo y en su potencial económico. Gracias que tenemos al «abominable yanqui» que nos cubre las espaldas, porque de otra forma seríamos ya una colonia de cualquier dictadura. España es ya punto y aparte desde que tenemos un gobierno «de progreso» y no hace falta más que citar dos o tres asuntos para comprobar los efectos de esta política «de progreso».
¿Qué ocurrió con la famosa ley del sí es sí? No hace falta explicación alguna sobre sus resultados por sobradamente conocidos. ¿Qué está pasando con la vivienda? Hace años, con una ley hipotecaria decimonónica e injusta en muchos aspectos, la inmensa mayoría de la población podía comprarse su vivienda y además formar una familia y criar tres o cuatro hijos. El actual «progreso» no solo impide estas tres cosas a la mayoría de los jóvenes o al menos a un buen número de ellos, sino que no tienen acceso ni al alquiler.
¿Estamos tan ciegos que no reparamos que se debe a esta superprotección que nos brinda el Estado para tenernos atados, que se vuelve contra nosotros? ¿Quién va a poner en el mercado de alquiler viviendas, si el Estado te coloca un sello en el contrato con la expresión de «delincuente explotador»?  Obviamente, con esta forma de pensar no se le puede ocurrir a nadie buscar la protección de los poderes públicos ante un impago de rentas o ante el destrozo de la vivienda. La única solución para el propietario es, o seleccionar muy bien al inquilino, inventarse triquiñuelas para burlar la ley o, la mayoría, dejar la vivienda vacía.
Ahora quieren reducir la jornada laboral… si eso fuera posible sin efectos negativos sería de tontos trabajar ocho horas si se produce lo mismo con cuatro, pero, ¿de verdad nos creemos que eso es posible? ¿no provocaremos la desubicación de las empresas…?