El asalto del sindicato de viticultores franceses de L´Aude a varios camiones españoles de frutas, verduras, cava y vino tinto de Ciudad Real en el paso fronterizo de Perpignan, representa la versión reivindicativa más 'trumpista' de los últimos años, al menos desde 2016.
   Entonces , para que no se repitieran este tipo de sucesos, se creó una comisión mixta hispano-francesa donde todos sus integrantes, también de los respectivos ministerios de Agricultura así como las organizaciones agrarias representativas, prometieron hermandad y lealtad a la hora de resolver internamente cualquier disputa o discrepancia que pudiera surgir en torno al sector vitivinícola. Y precisamente, una de las primeras reuniones fue en Alcázar de San Juan como símbolo pacificador.
   Hoy, forma parte también de ese foro Italia, aunque no parece que nadie se haya dado por aludido pese a la gravedad de los acontecimientos. Urge una convocatoria extraordinaria, previa disculpa formal de las autoridades francesas, para recuperar la confianza quebrantada por un grupo minoritario y local. O quizás, ¿hay alguien más detrás?
   Porque el ataque y la protesta por el vino a granel de España no es contra la bodega BACO que ese día perdió la carga que portaba una cisterna, sino contra el principio de libre circulación de mercancías que todo Estado miembro juró o prometió cuando refrendó su adhesión a la Unión Europea, lo que se traduce en una violación descarada de uno de los mandamientos fundacionales más sagrados, casi al nivel de lo que representó el asalto al Capitolio de los EE.UU, sin ánimo de exagerar.
  Inquieta por eso el silencio, y mucho más la «inacción» o «pasividad de la Gendarmería», según han denunciado las propias organizaciones agrarias españolas (UPA, COAG, y Asaja) y las cooperativas, como pudo comprobar cualquiera que vio las imágenes vandálicas viralizadas por redes sociales como si fuera una retransmisión televisiva en directo. 
   Y preocupa porque esa presunta laxitud política y policial, al menos en el escenario de los hechos, lanza un mensaje muy preocupante a la opinión pública que podría interpretar que lo más efectivo en situaciones de hartazgo es cogerse la justicia por tu mano. 
     Por ello, la gravedad del ataque no reside en las pérdidas ocasionadas a las empresas de logística, o a los propios proveedores de esas mercancías que acabaron derramadas por el asfalto, sino en la impunidad aparente con la que los asaltantes volvieron a la carga.
   Da cierto escalofrío leer el escrito intimidatorio que supuestamente enviaron a empresas francesas, compradoras de vino, y el tono matón con el que justifican sus demandas; piden «parar las compras que tengan otros orígenes o países extranjeros» mientras sus vinos no se vendan a un precio remunerado, y advierten que no dejarán de «realizar controles para verificar que se cumplen las demandas». Sentencia además el firmante de la carta, el presidente del "Syndicat des Vignerons de L´Aude, Frederic Rouanuet, que «estaremos muy vigilantes».
   Francia ha acudido este año a una destilación de crisis para resolver un problema de stocks de tintos que sigue lastrando sus ventas, como también han hecho -por cierto- algunas regiones españolas que sufren las mismas consecuencias de la caída del consumo generalizada. 
   No pueden por tanto responsabilizar a España de hundir su economía porque es un argumento zafio. Su economía vitivinícola, como la nuestra, está estructurada por bodegas, cooperativas, empresas de distribución o envasadoras que tienen la buena costumbre de buscar vino, al mejor precio, donde existe esa oferta. Eso se llama mercado libre y global.