En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó su estrategia 'De la granja a la mesa' para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente dentro de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Promueve, entre otros objetivos, alcanzar en 2030 que el 25% de la superficie agraria sea ecológica, que el uso de fertilizantes se reduzca al menos un 20%, el de fitosanitarios un 50% y el de antibióticos en animales disminuya otro 50%.
Una estrategia que no deja de ser la forma de llegar a un fin y, naturalmente, implica meditar y diseñar sobre los cambios necesarios para alcanzarlo. Al fin y al cabo, la UE lo que está planteando es una política pública, una concatenación de decisiones y acciones intencionadamente coherentes, para resolver el problema del sistema alimentario, definido ahora como colectivo. Una política pública en la que los actores - autoridades político-administrativas que aplican la estrategia, quienes causan el problema a resolver y aquellos grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión-  se posicionan y relacionan entre sí en un modelo causal. De esta manera, se imponen intervenciones concretas sobre los grupos objetivos- sector agrario-  para modificar su comportamiento y, como resultado, resolver el problema colectivo del sistema alimentario, siendo, de esta manera, beneficiados todos los europeos con una mejoría económica, social y ambiental derivada de un sistema alimentario sostenible.
Perfecto. Hasta aquí todo bien, puesto que no hemos descendido del terreno filosófico. Sin embargo, para conocer las garantías de éxito de una estrategia lo razonable es que se estudie el efecto medioambiental, social y económico que tendrán sus medidas.  Ha sido este verano cuando el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ha publicado un informe con el resultado de la evaluación de impacto de algunos de los objetivos de esta estrategia europea. EL JRC pone de manifiesto que su aplicación conllevará a una significativa reducción tanto de la capacidad productiva agraria de la UE como de los ingresos de sus agricultores y ganaderos. Señala, además, que la reducción de emisiones no podrá equilibrarse con las que se generen en terceros países de los que tendremos que abastecernos para paliar nuestra pérdida de producción, aunque no cumplan nuestros requisitos medioambientales.
También no hace muchas semanas, el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías (EGE), que asesora a la Comisión sobre políticas y legislación en las que las dimensiones éticas están interrelacionadas con el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías, comunicó sus recomendaciones sobre el empleo de las nuevas tecnologías de edición genética en plantas y animales.
Dada su notable importancia para la investigación e innovación imprescindibles para la transición hacia ese sistema alimentario europeo, es una traba que los productos obtenidos con estas técnicas sigan sujetos, sin serlo, a la directiva comunitaria que regula los organismos modificados genéticamente (OGM), tras una sentencia de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europeo.