La UE es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo después de China y Estados Unidos y le siguen India, Rusia y Japón. Dentro de nuestras fronteras, los seis principales emisores son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y España, siendo el sector energético responsable del 80,7% de las emisiones, la agricultura del 8,72%, la industria del 7,82% y el sector de residuos del 2,75% (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2017).
En 2015, ratificó el Acuerdo de París, el primer tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante, y en 2019, también por aplicar la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con el Pacto Verde Europeo puso en marcha su compromiso con el clima. Una estrategia planificada para conseguir en 2050 la neutralidad climática -que en síntesis consiste en contar con un proceso que permita medir, reducir y compensar las emisiones GEI- y para llegar a reducir en 2030 estas emisiones en un 55%.
El Pacto abarca prácticamente todos los sectores económicos e incluye objetivos tales como la descarbonización del sistema energético, la economía circular, el transporte sostenible e inteligente, la preservación de los ecosistemas, un sistema alimentario saludable, finanzas e inversiones ecológicas y una transición justa garantizada. Muchas acciones se han puesto en marcha y, además, la Comisión Europea, para reformar la legislación de acuerdo con los objetivos climáticos, prepara un paquete de propuestas legislativas conocido como FIT for 55 sobre eficiencia energética, energías renovables, el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS), el mecanismo de fronteras de carbono y las emisiones de CO2 de turismos y vehículos comerciales.
La UE, consciente de que el cambio climático afecta a los intereses económicos, comerciales y de seguridad de los países y, por tanto, a las relaciones geopolíticas, también se propone una dedicación especial a la diplomacia verde con la que convencer y apoyar a quienes asuman su parte en el desarrollo sostenible del mundo. Sin embargo, liderar la acción climática no es tan sencillo. EEUU ha vuelto al Acuerdo de París con intenciones hegemónicas y China reclama «responsabilidades comunes pero diferenciadas», mayores reducciones para los países desarrollados responsables históricos del problema, de modo que solo se propone alcanzar la neutralidad de carbono en 2060.  También algunos de sus vecinos como Turquía, Rusia o Ucrania pueden verse afectados con sus decisiones para lograr un mercado internacional del carbono.
A la UE no le será fácil defender en el contexto internacional el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras, (CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism), con el que pretende frenar la entrada de productos con una huella de carbono elevada desde países con menor ambición climática, imponiéndoles costes de emisión en la frontera a un precio referido a los permisos del mercado de carbón de la UE (ETS). En principio, este proyecto sería compatible con las normas de la OMC, pero eso no significa que sus socios comerciales no lo interpreten como una medida cuya finalidad sea proteger el mercado interior.