Solemos sentirnos más cómodos cuando creemos tener cierto dominio sobre lo que nos sucede, aunque no es necesario que vengan a recordarnos, porque difícilmente se nos olvida, que los imprevistos son una constante más de la vida. Por eso hay que comprender que es una tentación inevitable, ya que el desmedido aumento del gasto alimentario no nos da respiro a las familias, que los ciudadanos demandemos a los políticos que se afanen en controlar el precio de los alimentos y que algunos políticos respondan con soluciones demagógicas. Tales como la de fijar un precio razonable, pero por debajo del que alcanzaría en el mercado, con el argumento de que son bienes básicos y que es necesario proteger a los más vulnerables.
Incuestionable es, sin ningún género de duda, el noble argumento para avalar la intervención, como tampoco es cuestionable que la subida de los precios se deba al incremento de los costes de producción a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor al distribuidor. Sí que parece más discutible la forma en que se determinaría qué es un precio razonable, sin disponer con detalle, en cada momento, de cuáles son las condiciones de producción que afectan a la oferta y qué condiciona la demanda de los consumidores, para conseguir mantener un equilibrio sin exceso de oferta o demanda. Particularmente cuando nos desenvolvemos en un escenario internacional, donde, además del repunte de las tendencias unilateralistas, el proceso de globalización económica, sin poderes supranacionales que compensen las fuerzas del mercado, hace muy difícil mantener políticas nacionales de redistribución de la renta. Es decir, no solo es casi imposible controlar la acción del mercado, sino que también es complejo recaudar los recursos precisos para hacerlo, pese a que con la inflación la recaudación del Estado crece aun más de lo que lo hacen los precios.
La ciencia económica de conocimiento inveterado nos dice que no es una buena idea fijar precios. Nos lo demuestra la observación de muchos países en vías de desarrollo y, a propósito de ello, la misma FAO señala que esa intervención conduce, como regla general, a desincentivar la inversión en los sectores productores y al empobrecimiento del medio rural.
Cuando el precio se fija por debajo del mercado crece la demanda, porque hay más consumidores -que seguirán siendo los menos vulnerables- dispuestos a comprar ese alimento más barato y acaban con las reservas. A su vez, al disminuir los beneficios, los productores abandonan el mercado para no incurrir en pérdidas, por lo que la consecuencia inmediata es la escasez y el desabastecimiento, salvo que se imponga el racionamiento o los subsidios a lo largo de toda la cadena para fijar los precios en cada etapa. Subsidios a empresarios para materias primas, luz y salarios. Pago del sobrecoste de los combustibles a transportistas. Ayudas a productores por piensos, fertilizantes, semillas, etc. y así, como dice H. Hazlitt, un laberinto donde cada contribuyente se subvencione a sí mismo como consumidor.