Nunca pensé que pudiera llegar a afirmar que el Estado de Derecho está al límite. Pero lo está. Y el problema no son las matemáticas que renuevan a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, porque al fin y al cabo esos números forman parte de un sistema que está recogido en la legislación electoral sin que ningún partido lo haya modificado anteriormente. Lo verdaderamente preocupante de todo esto es que aquí los factores sí modifican decisivamente el producto. Sobre todo, cuando para ello se ha comprometido descaradamente el sustrato de la separación de poderes, lo cual será un error muy difícilmente subsanable. España, en fin, ya no será la misma. Que un poder del Estado ataque al resto de esos poderes significa que existe un desequilibrio patente, cuyas consecuencias no estamos en condiciones de prever, pero se atisba que serán altamente perjudiciales para el juego democrático.
El artículo primero de la Constitución recoge de manera unilateral y omnicomprensiva que el estado Español se basa en los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Estos cuatro principios propugnados por nuestro ordenamiento constitucional vinculan a todos los poderes del Estado. Sí, a todos, porque todos emanan de la misma legitimidad democrática, que es el texto constitucional. ¿De qué sirve, si no, una norma normarum? ¿De qué sirve que el ordenamiento jurídico tenga una barrera superior cuando esta barrera puede ser rebasada por los intereses de un poder estatal? Dicho de otra manera, y siguiendo el aserto de Juvenal analizado por Platón, quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila al vigilante? Se supone que el Poder Judicial, desde la atalaya de su independencia solemnizada y categorizada en el texto constitucional, es quien tiene la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En este sentido, ¿qué se puede decir sobre dónde queda la función de la Justicia en el esquema? En nada. Absolutamente en nada. Primero, por la afirmación desordenada de lawfair positivizada en el pacto recientemente firmado. Y segundo, porque ese lawfair se les vuelve en contra a quienes lo predican si se utiliza mínimamente la lógica, pues la amnistía pretendida no es sino el mismo esquema del que ellos dicen ser contrarios: usar la Ley como fin justificando los medios. ¿O es que la actuación del Tribunal Supremo no sirve para nada? Si de verdad hubieran tenido un soporte legal suficiente, habrían agotado todas las vías de recurso supranacionales con el apoyo de la Comunidad Internacional.
Por otra parte, si la amnistía prospera en los términos autonómicos que se pretenden, la igualdad de los españoles se verá radicalmente vulnerada desde la tesis que nos convierte en 'españoles de primera' y 'españoles de segunda'. Unos españoles seremos eternos deudores; otros, jactanciosos acreedores. Una tesis que, dicho sea de paso, no es invento de esta legislatura, puesto que situaciones semejantes ya se dieron en los años noventa siempre con el mismo protagonista. Pero, ¿es que la Constitución se puede transgredir en sede de igualdad? Sería una boutade. Lo es, de hecho, desde que el propio Poder Ejecutivo es personalmente segregacionista, como una mala interpretación de la parábola de la oveja perdida. Y ese Poder Ejecutivo, insisto, no puede socavar el mismo texto de cuyo tenor literal emanan sus más amplias facultades y poderes.
Me quedo con dos frases de la primera Sentencia del Tribunal Constitucional, la 63/1983, de 20 de julio, que se pronunció sobre la amnistía en relación con un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Aviadores de la República. La primera, sobre la razón de ser del instituto jurídico 'amnistía': «La amnistía responde así a una razón de justicia, como exigencia derivada de la negación de las consecuencias de un Derecho anterior». Y la segunda, sobre la igualdad en el ámbito de la amnistía: «la legislación sobre la amnistía ha de conciliarse con el principio de igualdad pues es algo que se asienta firmemente en el valor igualdad». ¿Dónde está la negación de derechos a Cataluña? ¿Es conforme a la igualdad que una deuda autonómica desaparezca por arte de magia?
Como español y como jurista, no puedo estar de acuerdo con el uso del Derecho en contra de su propia naturaleza. El pluralismo político es un derecho imprescindible, pero siempre en sede democrática. Por lo tanto, si no me opusiese al uso torticero del Derecho, estaría consintiendo la vulneración de los principios más básicos del Estado de Derecho. Y no será con mi toga.