En las últimas tres semanas el PSOE ha firmado cinco acuerdos con distintos partidos políticos, para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez cómo presidente de Gobierno. En ellos se recogen temas que hace cuatro meses el propio PSOE negaba se pudieran tratar siquiera.
Grave me parece que el futuro Gobierno ponga de manifiesto que no va a gobernar para la mayor parte de los españoles y que acepte que las prioridades de este nuevo mandato sean las que han impuesto partidos cuya lealtad institucional brilla por su ausencia.
Asombran algunos de los acuerdos, en los que el PSOE cede en asuntos de Estado solo a cambio de votos para la investidura. Amnistía, la creación de comisiones parlamentarias para juzgar a los jueces, la cesión del 100% de la recaudación tributaria a la Generalitat, etc. etc. Todo esto preocupa por lo que supone de dejación de la separación de poderes y humillación del Estado ante determinadas minorías. Pero me cabe la esperanza que todo esto se quede, en gran parte, en proyectos futuribles. Y me baso en la imposición por parte de Junts, de la figura del 'supervisor'. Que poco se fían de la palabra de este PSOE, que obligan a que se acepte la figura de un controlador del cumplimiento de los acuerdos. Y es que, la mayoría de los españoles ya sabemos que tenemos un presidente que suele cambiar de opinión con bastante facilidad y que puede encontrar una explicación perfecta para no hacer lo que se comprometió a hacer. Así que sí voy a comentar sobre asuntos en los que hay plazo concreto para su ejecución.
El PNV ha logrado, con menos alharacas, la cesión de competencias que vacía la presencia del Estado en el País Vasco y Navarra. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social que rompe la unidad de caja de esta, el reconocimiento nacional de Euskadi que deberá ser ratificado por el pueblo vasco en el plazo de año y medio, cesión de los ferrocarriles en el plazo de tres meses, etc. etc. Aquí no caben dudas ni hace falta el mediador internacional. En el acuerdo se fijan asuntos concretos con plazos concretos. De lo que se haya pactado con BILDU, poco o nada se sabe. Y lo peor de todo, es que no se cuantifican los miles de millones que estas cesiones suponen para aquellas comunidades que tienen partidos nacionalistas que venden su voto. Cataluña se lleva un mínimo de 15.000 millones, País Vasco y Navarra, veremos lo que se pacta en el cupo cuando llegue el debate de presupuestos, Canarias se ha llevado lo suyo. ¿Y de dónde saldrá todo esto que va a hacer a comunidades ricas ser más ricas? Es evidente, que lo vamos a tener que pagar los habitantes del resto de comunidades. Y esto lo va a hacer un Gobierno que se autoproclama progresista. Que caro sale ser leal con la Constitución.
«Que caro sale ser leal con la Constitución»