El PSOE presentó ayer por la tarde su proposición de ley de amnistía en el registro de entrada del Congreso de los Diputados. Es la máxima exigencia de los partidos independentistas (ERC y Junts) para ofrecer los votos de sus diputados en la próxima sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para, en teoría, los próximos cuatro años. Y lo hace el día después de una jornada generalizada de manifestaciones pacíficas convocadas por el PP en contra de esa amnistía tan anhelada por los secesionistas y que afectará a 300 independentistas y 73 policías; a políticos, funcionarios y a los actos terroristas y altercados de los CDR y Tsunami. El PSOE presentó el documento con el único apoyo de su grupo parlamentario, pero después de que el PNV mostrara su apoyo explícito al texto.
Los partidos catalanes impusieron a Pedro Sánchez que la ley de amnistía entrara en el Congreso de los Diputados, es decir, iniciara su tramitación, antes de las fechas escogidas para celebrar el Pleno de investidura. Y así lo ha hecho. Horas antes de que el documento se presentara en el registro de la Cámara Baja, su presidenta, la socialista Francina Armengol, anunciaba que la investidura tendrá lugar el miércoles y jueves, días 15 y 16 de noviembre. Con este movimiento previo, estaba claro que oficializar la proposición de ley sería cuestión de horas, como posteriormente ha ocurrido.
Mientras tanto, las movilizaciones frente a las sedes del PSOE continúan en toda España, aunque las más numerosas se realizan en la madrileña calle Ferraz, y el descontento de cientos de miles de españoles se hizo patente el pasado domingo, guerra de cifras aparte. El clima social vive uno de los momentos más tensos desde la transición y continuar adelante con la ley de amnistía conducirá a una polarización de la sociedad, que corre el peligro de fracturarse. Cada día que pasa son más las voces que se posicionan en contra del borrado de unos hechos que vulneraron toda la legislación vigente en la que se basa la convivencia en un Estado de Derecho. Sobre todo alzan la voz los representantes de la Justicia, sea cual sea su posicionamiento ideológico, pero también los empresarios, verdaderos generadores de riqueza y, por tanto, sostenedores del funcionamiento de la Administración pública.
Una hipotética aprobación de la ley de amnistía tensionará todavía más la calle y el Partido Popular no parará en busca de una repetición de Elecciones Generales que sería una solución, aunque de ninguna manera la mejor, para salir del atolladero en el que se encuentra España a causa de un resultado electoral incierto. Comenzamos una semana clave para el futuro de España.