La Justicia sentenció ayer un conflicto que ha durado dos años y dos meses después de que la matriz de Abengoa solicitara el concurso de acreedores en Sevilla y casi 10 meses después de que declarasen su insolvencia 34 de sus filiales operativas. El juez Jesús Ginés Gabaldón decidió finalmente quién se hará cargo de esta multinacional, referente mundial en tecnologías de agua, solar e infraestructuras. Una operación para la que optaban el grupo industrial británico Ultramar, la española Urbas, la portuguesa RCP, el grupo estadounidense Terramar/Nox y Cox Energy Europa. 

En este contexto, el Tribunal de Sevilla, encargado del concurso de Abengoa, resolvió transmitir a Cox Energy «la unidad productiva comprensiva de los activos y pasivos de las sociedades concursadas» por un valor de  564 millones de euros y el compromiso de mantener a toda su plantilla, según el auto que difundió ayer la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El pasado mes de noviembre, la Justicia declaró el «concurso conexo» respecto a 28 de las filiales de Abengoa, comenzando por Abenewco1, que reúne las principales líneas de actividad del grupo, e incluyendo a Abengoa Energía, Abengoa Agua, Abener, Instalaciones Inabensa, Abengoa Solar Internacional o diversas sociedades con la marca Abeinsa en su nominación.

También declaró «el concurso sin masa» de las filiales Sociedad Inversora Líneas de Brasil SL, con un pasivo de 1,13 millones euros, y Zeroemissions Technologies, con una deuda de 22,2 millones de euros, rechazando de otro lado declarar el concurso de Abengoa Water Naungua, porque «no tiene trabajadores, carece de actividad y no tiene sino un acreedor».

La Justicia designó, además, a Ernst & Young Abogados como administrador de estos concursos «voluntarios y conexos», tratándose de la misma firma que ejercía tal papel en el caso del proceso jurídico de la entidad matriz.

Tras recibir las diferentes ofertas por estas filiales, la sentencia publicada detalló en su auto que la oferta alternativa global de Ultramar Energy «no fue objeto de mejora, destacando también la desvinculación de la empresa Siemens Energy, como una de aquellas con cuyo apoyo contaba, y que pese al compromiso de aportar una cantidad como financiación interina no llegó a hacerlo».

En cuanto a las tres ofertas de RCP, el Tribunal Mercantil detectó «carencias, falta de garantías, previsiones, justificación y objetividad».

Finalmente, fue Cox Energy, con algo más de 100 empleados en todo el mundo, quien se impuso en la puja al comprometerse a asumir más de 9.505 empleados de Abengoa, mantener la actividad durante al menos tres años, inyectarle liquidez, garantizar avales para presentarse a concursos internacionales y derivarle carga de trabajo. 

Al ser el grupo Cox Energy de capital español, la operación de venta de la unidad productiva de Abengoa será inmediata, ya que no será necesaria la autorización previa del Consejo de Ministros.

 Ese permiso habría hecho falta si la adjudicación se hubiera hecho a la estadounidense Terramar, la portuguesa RCP o la británica Ultramar, ya que el Ejecutivo podría aplicar el escudo antiopa o acción de oro para reservarse la posibilidad de vetar inversiones extranjeras en empresas españolas de sectores considerados estratégicos.

Santander, CaixaBank, BBVA, Crédit Agricole y HSBC tienen cinco días para validar la operación. Contra esta resolución judicial, el auto concluyó que puede interponerse recurso de reposición en el plazo dictado por el magistrado, aunque cuando se resuelvan las posibles diligencias jurídicas establecidas ya no quedará ninguna posibilidad de seguir apelando a la Audiencia Provincial de Sevilla.

Liquidez. El tribunal valoró como un factor esencial en esta operación «la disponibilidad de una liquidez de 31 millones y el compromiso de los principales accionistas por importe de 50 millones, ya aportados 20».

Además, la empresa adjudicataria asumirá los casi 10.000 empleados de Abengoa por «considerarlos activos indispensables del grupo para garantizar la viabilidad y la actividad del negocio». Haberlos despedido en caso de cese de la actividad hubiera supuesto el desembolso de 56,4 millones de euros.