El PSOE se desmarcó por sorpresa esta mañana en el punto del orden del día del Pleno respecto a la modificación de la ordenanza del abastecimiento del agua solicitando la paralización del expediente por encontrarse «incompleto» hasta que disponga de todos los informes necesarios.

La portavoz del grupo, Noelia de la Cruz, se dirigió al alcalde antes de la votación para que Velázquez se pronunciase sobre la petición, que finalmente quedó denegada y la subida del agua fue aprobada con los votos del PP y de Vox, el actual equipo de Gobierno, sin el apoyo de la oposición, dado que tanto el PSOE como IU votaron en contra.

A pesar de que el PSOE no pudo frenar la tramitación del expediente, De la Cruz llamó la atención recomendando que el actual Gobierno municipal escuche a los técnicos municipales en este conflicto con  Tagus sobre las tarifas del agua porque el economista municipal es el que «reclama como necesario e imprescindible» que se incorporen al expediente los correspondientes informes del interventor y de la Secretaría General. 

La portavoz socialista dejó claro que no tiene constancia de que se hayan elaborado, con lo que únicamente hay dos opciones, «que el equipo de Gobierno los oculte», o no los facilite porque no se han materializado. En este caso, se demostraría «la nefasta gestión» actual y el interés de PP y de Vox de «subir el recibo del agua a los toledanos» con un doble objetivo, «quedar bien con la empresa concesionaria» y «tener la oportunidad de continuar atacando al gobierno anterior».

Por tanto, De la Cruz subrayó que el equipo de Velázquez está empeñado «en mentir» sobre este asunto, «subir el recibo 8,8 euros cada dos meses», justificando la decisión en un auto judicial que, al mismo tiempo, destaca literalmente «que se ajuste en el porcentaje de incremento por esa revisión extraordinaria, al alza o a la baja, según corresponda». Sin embargo, la portavoz aseguró que el anterior equipo de Gobierno trabajó sobre esta problemática logrando «el mejor acuerdo» en 2018  y  buscando la misma solución en 2023, aunque aún no se había alcanzado porque se negociaba en los términos de 2018 «por el interés general». 

De la Cruz se defendió de las acusaciones de PP y Vox sobre su supuesta inacción, arremetiendo contra el propio contrato que firmó el PP en 2006 tomando como referencia las previsiones de crecimiento poblacional irreales que amparó el Plan de Ordenación Municipal de 2007.

Otras intervenciones. El portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, explicó que con la nueva tarifa los toledanos pagarán «un 60% más del factor caudal», que se tarifica en los recibos como ocurre con el factor consumo. Además, aprovechó para criticar la previsiones del antiguo POM del 2007 y del avance presentado en 2022, que incluía que Toledo alcanzaría los 100.000 habitantes, con lo que confía en la necesidad  «de aprender de los errores» para evitar peajes innecesarios como el del abastecimiento de agua.

Por su parte, la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, evitó el embate político y se limitó a explicar que se han visto obligados a negociar con Tagus. También criticó el hecho de que el PSOE no lo hiciera en su momento para evitar esta situación y sostuvo que la subida del agua es algo «obligado por la herencia recibida del PSOE».

Igualdad. El Ayuntamiento tendrá su III Plan de Igualdad, una noticia que no es nueva porque en la pasada comisión de Servicios Sociales, Educación y Familia ya se dejó entrever que el Pleno terminaría aprobándolo por la intención que mostraron los grupos y así se ha materializado a pesar de que se produjo un tenso debate.

El equipo de Gobierno sacó adelante el proyecto y esta vez sí contó con los votos a favor del PSOE, pero no hubo unanimidad porque IU votó en contra.

Para la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, «se trata de un instrumento clave para incorporar de manera efectiva el principio de igualdad de género en todas las políticas que a distintos niveles viene desarrollando esta entidad». El plan ha sufrido un retraso considerable y la responsable del área explicó que comenzó a negociarse en 2019, pero se hizo «sin tener en cuenta a los demás grupos políticos».

El edil de Vox, Juan Marín, cargó contra la «ultra incapacidad» del anterior equipo de Gobierno. Vox ha dado su apoyo al plan aunque no está de acuerdo con algunas partes del texto, el PSOE espera que se alcance «la igualdad real» y el documento no se quede en una intención e IU criticó que el plan no tiene presupuesto.