«Es llamativo el incremento de la Fiscalía de Toledo en 2.421 diligencias previas». Así lo indica la memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, presentada a las Cortes regionales recientemente, que ofrece una exhaustiva radiografía de la actividad judicial y del papel de las fiscalías a lo largo de 2022. En este caso, en Toledo se incoaron un total de 20.677 diligencias previas el año pasado, lo que supone un aumento del 13,3% respecto a 2021 y  refleja un importante crecimiento, ya que adelanta por una décima al crecimiento de este tipo de procedimientos que acumuló la región.

Toledo continúa siendo la provincia de Castilla-La Mancha con mayor número de diligencias previas, por lo que acumula el 34,6% de las diligencias totales de la región y aventaja en más de 6.000 diligencias respecto a Ciudad Real, la segunda provincia con mayor cúmulo de actuaciones encaminadas a investigar  y determinar la naturaleza y circunstancias del hecho. Además, el documento también muestra que tanto Toledo como el resto de las provincias siguen la tendencia creciente iniciada en 2020 dejando atrás ese descenso paulatino «de la delincuencia y de las cargas de trabajo de los órganos judiciales del orden penal».

La cantidad de diligencias previas también tiene su cruz por el exceso de carga de trabajo, que también se traduce en las estadísticas. A 1 de enero de 2022, el número de diligencias pendientes de tramitación en Toledo ascendía a 10.456 y al cierre del ejercicio quedaron pendientes un total de 17.123, una diferencia de 6.667 diligencias, es decir, un 63,76%, buena parte fruto del importante aumento de estos procedimientos.

Si bien, la Fiscalía de Castilla-La Mancha apunta que las cifras de pendencia están aumentando en los últimos años y «producen una sensación de deficiencia en el servicio a la ciudadanía». Extraer conclusiones no resulta fácil y en la memoria se subraya la complejidad a la hora de buscar y relacionar los datos con una causa real, que podría obedecer o no a un efecto inverso ligado a la reforma procesal, a una disfunción en el registro de diligencias previas o a otras causas, aunque da a entender que lo más probable es que pueda achacarse «a la ralentización de la instrucción debido a la acumulación de tareas en los juzgados».

Por otra parte, es necesario tener en cuenta otros datos complementarios a la hora de establecer una evaluación lo más objetiva posible, ya que de las 20.677 diligencias previas incoadas el año pasado, 9.403, es decir, el 15,73% carecían de los requisitos necesarios en relación al hecho o al autor para que continuaran adelante en la tramitación que recoge la ley. En este sentido, Toledo es la provincia de Castilla-La Mancha con menor porcentaje de diligencias sobreseídas a pesar de figurar como la provincia con mayor número de este tipo de procedimientos y destaca especialmente si se tiene en cuenta que el porcentaje medio regional de causas archivadas es del 58%.

A las actuaciones previas también hay que sumarle la diligencias urgentes, en este caso, Toledo acumuló 2.920 en 2022, el 12,37% respecto al total.

La memoria ofrece otros muchos datos ligados a la actividad judicial, como la cantidad de procedimientos abreviados de 2022. Ahí, Toledo vuelve a encabezar la estadística con 1.721, pero refleja una caída del 15,8% respecto a 2021. Si bien, acumuló 1.196 procedimientos pendientes al finalizar 2022, 118 menos que a principios de ese año.