Poco se suele hablar en las administraciones locales de los contratos menores, ya que suelen pasar desapercibidos en cuanto al gasto y el objeto de contratación en relación a los grandes contratos, con resultados más visibles. Si bien, generan en los ayuntamientos un importante gasto y deben someterse a unas estrictas reglas administrativas y de control a pesar de que la mayoría de ellos no superen los 5.000 euros de gasto.
En este sentido, la Intervención General del Ayuntamiento de Toledo ha examinado recientemente la tramitación de los 1.794 contratos menores que se formalizaron a lo largo de 2021, por un importe total de 3,4 millones de euros, con el objetivo de conocer si la administración se adapta al marco jurídico actual y aplicar el obligatorio control financiero conforme a las directrices que se marcó hace ocho años una resolución del Interventor General del Estado.
Según se desprende del informe, el Ayuntamiento de Toledo llevó a cabo la contratación menor del año 2021 «dentro de los parámetros normales de regularidad», aunque se detectan algunas debilidades que la Intervención recomienda corregir.
En este caso, se observa que la mayor parte de los contratos menores de ese ejercicio se concentran en noviembre y diciembre, ya que se formalizaron cerca del 39% de los de todo el año. Los datos apuntan además que en el mes de diciembre la actividad fue muy alta, ya que acumuló el 48% total del gasto en este tipo de contratos, por un importe de 1,29 millones de euros. Al respecto, en las conclusiones del informe se apunta que el hecho de concentrar la mayor parte de la contratación menor en diciembre puede obedecer «a una falta de planificación por parte de las unidades gestoras a la hora de ejecutar sus presupuestos, lo que podría suponer una ineficiencia en la ejecución del gasto».
Por tanto, desde la Intervención General se recomienda rebajar la concentración de este tipo de contratos a pesar de que la tramitación sea más ágil debido a la aplicación de un procedimiento simplificado orientado a los contratos que se encuentran en el umbral de los 5.000 euros, la mayoría, puesto que en el ejercicio analizado el 85% de las contrataciones menores los gastos eran inferiores a esta cuantía y los superiores a estas cifras fueron minoritarios.
A pesar de las 'fortalezas' detectadas por el tipo de procedimiento, el informe detecta supuestos en los que se viene reiterando contratos a favor de los mismos terceros, como ocurre con los contratos adjudicados por distintas unidades gestoras con un mismo tipo de objeto a favor de varios contratistas, como ocurre con los de servicios audiovisuales y gestión y organización de eventos o los que se corresponden con una única unidad gestora, como el vestuario y el suministro de materiales para bomberos (con 254 contratos para este servicio), por ejemplo, con lo que se propone racionalizar la contratación y acudir a otras fórmulas, como acuerdos marco o sistemas dinámicos de contratación.
Además, se han analizado los fallos en los contratos que superan los 5.000 euros y se advierte que en el 66% de los mismos no consta la petición de ofertas cuando la normativa interna municipal obliga a tres presupuestos y «la justificación de la oferta económica más ventajosa o, en su caso, justificación de que no puede haber concurrencia».
Además, en el 74% de los contratos que exceden los 5.000 euros tampoco se aporta informe de selección del contratista, aunque en la práctica se suele adjudicar al presupuesto más bajo; en un 40% de los contratos de obra tampoco se ha destinado presupuesto, memoria o proyecto. En este caso, se observa «relajación en el cumplimiento de requisitos formales».
transparencia El análisis sobre los contratos menores también encuentra lagunas relacionadas con las obligaciones de publicidad y transparencia. Es cierto que el año 2021 es el primero en el que el Ayuntamiento ha publicado esta contratación en el Portal de Transparencia, pero no en el perfil del contratante y tampoco remitió esta información al Tribunal de Cuentas tal y como marca la normativa. Por tanto, se aconseja establecer un sistema que facilite cumplir con las obligaciones de publicidad incluidas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, en el capítulo de conclusiones del informe se añade otra recomendación, la posibilidad de que se apruebe una regulación específica para gastos de escasa cuantía que reduzca el importe máximo permitido.