La sequía ha devuelto al sector agrario a la primera fila mediática después del parón que sufrió durante los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Unas semanas antes, había capitalizado con las tractoradas, las portadas de todos los periódicos, así como los informativos de radio y televisión para reclamar precios justos que propiciaron después dos reformas casi consecutivas de la ley de la cadena alimentaria.

Superada aquella crisis sanitaria, gracias a las vacunas, y cuando todo parecía que iba normalizándose, al menos se recuperaron la exportación y las ventas en el mercado nacional por la reactivación del consumo y el turismo, estalló la guerra de Rusia en Ucrania y todo volvió a desbocarse. 

En cada uno de estos episodios, el sector agroalimentario ha demostrado una resistencia sorprendente para propios y extraños, como también ocurrió en la crisis de 2008, y lo que es mejor, ha logrado conectar con el comprador, que parece haber entendido el origen de los grandes males de quien trabaja la tierra para producir sus alimentos. 

Ahora, la grave ausencia de precipitaciones también debería ser un problema compartido. El peligroso riesgo de que muchos cultivos no  lleguen a término ni puedan cosecharse, no ayudará a que se modere la inflación, por ejemplo, lo que enciende las alarmas en todos los eslabones de la cadena, muy tensionados ya desde hace doce meses.

Preocupa además, y mucho, la excesiva frecuencia con la que se vienen desencadenando estos ciclos secos, lo que también ha empezado a calar en la conciencia del sector y de las administraciones. Prueba de ello son los refuerzos presupuestarios adicionales que se han hecho para incentivar la contratación del seguro agrario que ha registrado, por cierto, aumentos notables en muchos de los cultivos.

Quizás porque ante el Cambio Climático caben pocos descuidos ya. Solo el año pasado, el volumen de indemnizaciones por siniestros alcanzó una cifra sin precedentes, unos 800 millones de euros en el conjunto del país, lo que nos da otra pista del escenario que se irá imponiendo.

Por lo tanto, esto de las sequías, igual requiere de un planteamiento global para poder gestionar las soluciones a partir de ahora, sabiendo que hay menos agua, que es un recurso escaso y que toca administrar con cálculo, tal y como contempla la nueva y contestada planificación hidrológica del país hasta 2027.

En la reunión de la mesa nacional de la sequía de la semana pasada, las organizaciones agrarias pasaron a un plano muy práctico a la hora de exigir soluciones, sabiendo que los daños por sequía ya no son reversibles. Y por eso pidieron flexibilizar un sin fin de requisitos y condiciones de la nueva PAC para cobrar las ayudas de la Política Agraria Común, como aplazar la entrada en vigor del cuaderno digital para llevar el control de abonos, fitosanitarios y otros métodos que acrediten que el agricultor es más sostenible que nunca.

Lógicamente, también reclamaron medidas económicas urgentes que deberían aparecer en un Real Decreto de sequía que facilite los trámites para aquellos que necesiten liquidez. De hecho, hay todavía agricultores preparando las siembras de primavera, con toda la semilla comprada, y los trabajos de preparación de suelo realizados. Ya veremos qué pueden hacer.

La solución rápida, propuesta en Madrid al conjunto de comunidades autónomas por el consejero de Agricultura de Castilla -La Mancha, parece que podría prosperar en Bruselas. De hecho, el Ministerio ya ha enviado la carta a la Comisión para que autorice el uso de fondos no gastados del Plan de Desarrollo Rural antiguo, todavía en ejecución, o del nuevo, para articular nuevas ayudas directas. 

El mecanismo existe y ha permitido compensar los sobrecostes de la guerra con una partida de unos 20 millones de euros que la administración autonómica repartirá, seguramente esta misma semana, entre ganaderos y otros tres sectores frutícolas minoritarios como el melocotón, el albaricoque o la nuez.

Esa elasticidad del PDR ya se vio con la borrasca Filomena, cuando la propia consejería de Agricultura habilitó otro fondo adicional de dinero, para amortiguar unos daños sobrevenidos,

especialmente en el olivar, que repartió entre muchos afectados; al final, casi 10 millones de euros.

En este sentido ha resultado un acierto que el nuevo Plan de Desarrollo Rural de la región,  coordinado por el viceconsejero Agapito Portillo, haya incorporado una reserva para encarar circunstancias climáticas adversas como aquella. Y es ahí donde quizás se puedan poner en práctica otras medidas con carácter regional, sin desplazar desde luego la política del seguro. 

De momento, el propio consejero ha avanzado un compromiso para los herbáceos de secano. Todo se concretará este próximo jueves 27 en Toledo, en el marco de una mesa regional del agua que pidió el Presidente.

Al final, es evidente que la sequía requerirá de un tratamiento

de Estado, porque es un problema tan territorial como nacional, incluso un problema europeo, si estamos pidiendo a los sufridos productores que, pase lo que pase, sigan en el tajo y mantengan la soberanía alimentaria para atender las necesidades de un mercado -como mínimo- de 500 millones de consumidores.