Raras veces hemos visto a la Federación Española del Vino (FEV), la patronal bodeguera del país, reaccionar a un asunto tan vidrioso como el debate de los precios de la uva.

Hasta el año pasado, o quizás el anterior, las valoraciones que surgían ante el envite de las organizaciones agrarias por el bajo precio, venían precisamente de cada parte, pero no de forma colegiada.

En 2012, la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria extendió un nuevo y obligatorio marco de entendimiento entre las partes que quedaban sujetas a lo que dicta una norma publicada en el BOE, tanto en lo relacionado con el contrato previo a la entrega de los remolques en vendimia, por ejemplo, como a las condiciones de pago y sus plazos de liquidación.

Desde su entrada en vigor ha habido que interpretar muchas veces jurídicamente lo que querían decir aquellos revolucionarios pero a veces ambiguos artículos. Hasta que después, dos reformas consecutivas, han despejado los vacíos que dejó la primera versión.

Así han ido reduciéndose los recovecos legales en los propios contratos que tomaban como referencia los precios mínimos para después redondear según la calidad del producto. Hasta que al final han desaparecido definitivamente las "tablillas" en la puerta de las bodegas que tradicionalmente encendían la "guerra" y las protestas, especialmente en Valdepeñas porque allí se asientan las grandes industrias que compran por todo el territorio.

El descontento generalizado al no ver mover tantos cosechas apenas unas centésimas o milésimas de euro por kilogrado en aquellos contratos, alargaba el pulso y multiplicaba el ruido. Según la intensidad, la cosa terminaba en mejores precios o en tablas, a media que iban prensando el tempranillo y el airén.

Este año parece que hubiéramos entrado en una nueva sala de negociación. Primero, porque el viticultor, o al menos las organizaciones agrarias que les representan, han asumido que la ansiada tablilla es ya cosa del pasado. Y segundo, porque las denuncias públicas de que esos precios no cubren costes se quedan, salvo casos muy concretos, en eso, en llamadas a la razón que luego se disipan en las ondas de los informativos de las radios, televisiones, o congeladas en las páginas de un periódico digital o de papel.

El director de la patronal bodeguera ha asegurado estos días que si alguien entiende que la oferta que tiene de cualquier industria incumple la ley, lo que tiene que hacer cada uno es denunciarlo ante la AICA, o ante el órgano público que corresponda. Y lo dice desde la convicción de que "de manera abrumadoramente mayoritaria, las bodegas cumplen la norma" que por cierto, limita muchas veces el método de comprobación de la supuesta irregularidad en un libre mercado por el mero hecho de que no hay una referencia oficial de esos costes.

Pero José Luis Benítez dice más. Asegura que esas denuncias que se lanzan a los medios obedecen a un propósito de "calumnia que algo queda", a pesar de que reconozca que pueda haber "casos puntuales", como por otra parte acreditan los expedientes sancionadores abiertos y resueltos estas últimas campañas.

En sus declaraciones añade que es el momento de dejarse de "aspavientos" por la consecuencia que tienen estos mensajes en la opinión pública y la imagen negativa que proyectan de la industria vitivinícola del país.

Otras grandes bodegas también aprovechan los ecos del debate para recordar que más del 70 por ciento de la uva se procesa en el ámbito de las cooperativas que, por cierto, en la última reforma de la ley de la cadena alimentaria, se ha incluido una nueva cláusula que afecta al sistema de liquidaciones. Si los socios quisieran propiciar cambios en el modelo tradicional, tendrán que exigirlo y someterlo a votación. Aunque incluso en este supuesto, -recuerdan los gerentes de las empresas de los viticultores-, las cooperativas no venden uva, sino que comercializan vino. Y esas ventas no se hacen en el momento de la recepción de los remolques, sino a lo largo de todo el año.