El sector del transporte por autobús, que da servicio cada día a miles de personas en España, vive un momento decisivo ante los cambios que existen, primero, en cuanto a la legislación actual que llega y, en segundo lugar, ante la modernización de una actividad básica para la movilidad. Para profundizar en este asunto, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, explica las claves y los retos de futuro que se plantean.

¿Hasta qué punto las empresas de transporte en autobús representan en España un modelo de movilidad estratégico, teniendo en cuenta la amplitud del territorio nacional y la dispersión de la población?

España es el país con el sistema de transporte público de viajeros por carretera más desarrollado y con mayor capilaridad de Europa, siendo el autobús el único modo de transporte que vertebra todo el territorio y llega a todos los rincones.

El sector juega un papel crucial en la movilidad de los españoles, así como en la garantía de un sistema seguro, accesible, asequible, sostenible y conectado. Somos el modo de transporte colectivo con mayor nivel de cobertura del territorio -conectamos más de 8.000 poblaciones diariamente- y el único medio que garantiza el desplazamiento de las personas que viven en áreas rurales, en riesgo de despoblación o con dificultades para acceder a otros modos. 

Castilla y León, por ejemplo, con más de 94.000 kilómetros cuadrados y una densidad de 24,83 habitantes por kilómetros cuadrado, es un caso claro de cómo nuestro servicio es vital para asegurar su cohesión y conexión, así como el acceso básico del Estado del Bienestar. La sanidad, la educación y el trabajo son una muestra de la importancia estratégica que representa el actual modelo.

El Gobierno va a reordenar el mapa concesional. El anterior equipo del Ministerio de Transportes trazó una línea clara con una reducción en número de concesiones de 77 a 22 con un reparto zonal. ¿Qué espera Confebus de esta reforma?

La movilidad es un derecho y su garantía es responsabilidad de las Administraciones a través del diseño de una red y un sistema de transporte público que satisfaga las necesidades de la población y busque, ante todo, la vertebración territorial y la cohesión social, evitando así las consecuencias negativas de la denominada pobreza de transporte.

Con este objetivo, la renovación del mapa concesional del Estado resulta primordial para la optimización de nuestro sistema de transporte público, que debe apostar por la sostenibilidad de los trayectos y por su calidad. Desde el sector, esperamos que se mejore la eficiencia operativa, las líneas se adapten a la evolución de los cambios en las poblaciones y se contribuya a solucionar las nuevas necesidades de movilidad sin sacrificar la cobertura. Un nuevo escenario que esté coordinado con las Administraciones Autonómicas y que facilite la intermodalidad del autobús con otros medios como el ferrocarril o el avión.

El sector juega un papel crucial en la movilidad de todos los españoles, así como en la garantía de un sistema seguro, accesible, asequible, sostenible y conectado"

La industria del autobús está compuesta por cerca de 2.800 empresas, de las que más de 650 operan en las más de 1.400 concesiones. ¿Cómo puede afectar la renovación del sector a estas empresas? ¿Diría que el transporte de viajeros se encuentra en un punto de inflexión?

La renovación del mapa concesional es una oportunidad. Nos permitirá adaptar nuestros servicios a las necesidades cambiantes de movilidad, promover la sostenibilidad y la eficiencia operativa y fortalecer la intermodalidad. Esta renovación, en estrecha colaboración con los gobiernos autonómicos, mejorará la calidad y accesibilidad del transporte público y asegurará aún más la cobertura en zonas rurales y despobladas. Confiamos en que, con el apoyo de las administraciones y un enfoque proactivo de las empresas, lograremos un sistema más moderno, eficiente y sostenible, capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro y a las necesidades de movilidad que demandan los ciudadanos.

Hace unos días leíamos que Soria reclamaba que se restableciera el autobús de los sábados a Burgos que da servicio a más de 30 pueblos. ¿Solucionará la renovación del mapa situaciones con ésta?

La situación en Soria es un ejemplo más de la importancia de mantener servicios de autobús en áreas rurales, donde son cruciales para que sus ciudadanos accedan al trabajo, a su centro de estudios o a los servicios sanitarios. Este caso, refleja la importancia de un modelo que garantice la conectividad en todo el país y que apueste por una vertebración territorial real de España.

El sector da empleo a más de 95.000 personas en toda España y registra una facturación de más de 6.000 millones al año para conectar 8.000 poblaciones diariamente. ¿Qué papel jugará el autobús en la nueva Ley de Movilidad Sostenible? ¿Desde el Gobierno les están escuchando y están contando con Confebus?

La Ley de Movilidad Sostenible supone una gran oportunidad para alcanzar la igualdad real de los ciudadanos en materia de transporte y que ésta no dependa de los presupuestos anuales de las distintas administraciones. De este modo, la ley debe llevar aparejada una serie de medidas financieras para todo el sistema de transporte público y, de manera singular, a las líneas de viajeros por carreteras nacionales, regionales y provinciales que conforman la tupida red de la que goza España y que, en muchos casos, es el único modo de asegurar la autonomía de muchos de los habitantes de las zonas que más sufren la despoblación.

La ley posiciona al autobús como un actor estratégico en los objetivos del país hacia una movilidad más verde y eficiente, promoviendo su papel fundamental en la reducción de la huella de carbono y la mejora de la accesibilidad, así como, reflejando su importancia en la consecución de los ambiciosos retos ambientales y sociales del Estado.

Confebus está participando de manera activa en el debate y existe un diálogo fluido con el Gobierno, porque, al final, tenemos el mismo desafío: conectar España y que ningún ciudadano se quede atrás, es decir, poner al ciudadano en el centro de todas las políticas de movilidad. Estamos convencidos de la voluntad de diálogo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de que llegaremos a un consenso sobre el futuro del servicio en autobús en nuestra nación.

Según los datos de la DGT, el transporte de autobús en España es de los más seguros, con una tasa de siniestralidad muy baja. Solo el 0,08% del total de las víctimas de accidentes de tráfico en carretera viajaban en este medio. ¿Se tienen en cuenta estos datos?

La seguridad es un pilar esencial del transporte en autobús en España. El modelo actual, con criterios de valoración y solvencia muy exigentes, garantiza unas condiciones de calidad y seguridad en los desplazamientos del más alto nivel. Y así lo confirman las estadísticas: según datos de la DGT, de las 1.145 víctimas por accidentes de tráfico en 2023, solo una viajaba en autobús.

El servicio de movilidad es un derecho de los ciudadanos y su garantía es responsabilidad de las administraciones públicas "

¿Hasta qué punto las empresas de este sector necesitan estar subvencionadas y mantener una colaboración público-privada para conectar la mayoría de las poblaciones con independencia de su tamaño?

La organización de los servicios de transporte en autobús en España tiene un escaso coste para las Administraciones Públicas en términos de compensación dineraria o fiscal por las obligaciones de servicio público impuestas al contratista. 

En el caso de Castilla y León, el coste es muy pequeño en comparación con el que supondría atender los tráficos de zonas rurales únicamente subvencionando su falta de lucro. De esta forma, todos los ciudadanos tienen acceso a un transporte accesible y de calidad con independencia de donde residan.

¿Qué importancia dan desde Confebus al derecho a la movilidad bajo criterios sociales y tecnológicos?

La movilidad es una necesidad imprescindible para la calidad de vida de las personas y la colaboración público-privada es una herramienta estratégica para las administraciones a la hora de abordar los nuevos retos y cambios sociales, medioambientales, tecnológicos y de innovación, apoyándose en la acreditada experiencia de los operadores españoles de transporte en autobús para gestionar todo tipo de contratos con la máxima eficiencia, calidad y seguridad. Se trata de un derecho ciudadano y su garantía es responsabilidad de las administraciones públicas a través del diseño de una red y un sistema de transporte público colectivo que satisfaga las necesidades de la población y busque ante todo la rentabilidad social. 

La organización de estos servicios está condicionada por la distribución irregular de la población y es ahí donde la colaboración público-privada demuestra su éxito, consiguiendo que el transporte en autobús tenga una tarifa asequible para todos los usuarios (incluidos los que se desplazan en los tráficos no rentables), en condiciones de calidad y seguridad únicas, ofreciendo además un empleo estable y de calidad.

Gracias al sistema de tarifas máximas obligatorias, los ciudadanos no están sometidos a variaciones en los precios. ¿La política de costes es suficiente para lo que cobran las empresas o se debería actualizar teniendo en cuenta todo el encarecimiento al que se enfrenta el sector desde hace unos años?

En España, el transporte regular de viajeros de uso general por carretera es un servicio que se encuentran sometido a ciertas obligaciones y son prestados, en el caso interurbano, por empresas privadas. Nuestras tarifas son estables durante todo el año y vienen marcadas por el contrato público o por el Estado pero, tanto su actualización como la revisión de los billetes, son un instrumento necesario e imprescindible para consolidar y garantizar la continuidad de un servicio esencial.

En el caso del transporte de viajeros por carretera que ofrecemos está afectado por una alta volatilidad de diversos elementos que sirven para determinar los costes de la prestación del servicio (carburante, impuestos, fiscalidad…) y los eventuales ingresos que pueden producirse en su operación. Sin embargo, en otros países donde no se ha configurado el transporte en autobús como servicio público, sino que se ha desregulado, esto no ocurre y se juega con tarifas de rentabilidad en detrimento del consumidor.

¿Cómo han afectado a las empresas las políticas que ha adoptado el Gobierno para promocionar y fomentar el uso del transporte público?

La política de promoción y fomento del transporte púbico en España ha resultado ser un éxito rotundo. Casi 400 millones de ciudadanos eligieron el autobús para trasladarse en julio del año pasado, el mayor impulso a este gremio de las últimas décadas. Es importante encontrar un equilibrio; la gratuidad total puede llevar a que no se aprecie el servicio. Apoyamos las bonificaciones que estimulen la demanda, pero también abogamos por mantener una percepción de valor en nuestro trabajo, que asegure que las inversiones no solo se dirijan a reducir precios, sino a mejorar la calidad, la frecuencia y sostenibilidad del transporte en autobús en toda España.

¿Alguna cosa que quiera añadir que haya quedado en el tintero y que ayude a mejorar este sector?

Es crucial que cualquier mejora en el sector del transporte en autobús en España se realice con una visión integral, considerando la importancia estratégica del gremio para la movilidad, la economía y la cohesión social del país. La colaboración entre el Gobierno y estas empresas es esencial para asegurar una movilidad segura, sostenible, conectada y accesible para todos los ciudadanos.