Si están perdiendo la cuenta con la cantidad de viviendas que está anunciando Pedro Sánchez en los últimos días, partan de la premisa de que el presidente del Gobierno de España ya ha sumado el Plan de 10.000 viviendas para Castilla-La Mancha que anunció anteriormente Emiliano García-Page. "En las que ha anunciado el Ejecutivo central forman parte las que ya habíamos anunciado nosotros", apunta el consejero de Fomento, Nacho Hernando, "antes de lo que se ha planteado a nivel nacional, ya había planteado este plan ambicioso".
Una parte de ese lote se va a financiar con fondos europeos, con el Plan de Recuperación y Resiliencia, los Next Generation. Se va a dar una ayuda a las constructoras, de hasta 50.000 euros por vivienda, a cambio de que luego gestionen un alquiler a precio asequible durante 50 años. El problema es que uno de los requisitos es que se haga en suelo público.
Hernando explicó dónde está el problema antes de participar en un desayuno informativo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. "En aquellas zonas más tensionadas de la región no hay suelo público disponible residencial para poder hacer esas viviendas", explica.
Por un lado, Hernando cuenta que ya se han puesto en contacto con el Sepes, la Entidad Estatal de Suelo, para saber qué suelo público disponible hay en dichas zonas tensionadas de la región, que coinciden con los corredores de La Sagra y el Henares y las grandes ciudades. Por otro lado, el consejero de Fomento ya ha trasladado al Ministerio la necesidad de "flexibilizar" ese requisito para adaptarlo a las circunstancias de cada zona. Plantea que se abra la mano para poder construir en suelo privado calificado de residencial o en otro tipo de suelos.
En cuanto a la nueva Ley de Vivienda, Hernando se queda con que "sea mejor o peor, guste más o menos, establece un marco para poder plantear desde el inicio de la próxima legislatura una Ley de Vivienda regional que ya no tenga que depender de la incertidumbre de a ver qué saca el Congreso de los Diputados".
Reconoce, eso sí, que lo de poner precios máximos para el alquiler no le convence. "No hay ningún estudio académico que avale que sea una medida 100% efectiva", indica. Señala que no ha funcionado en ciudades en las que se ha implantado como Berlín, París, Londres o Barcelona. "Yo en eso no soy radical ni quiero ser cabezón", declara. Por eso destaca que en Castilla-La Mancha desde hace un año optaron por una solución más creativa. Aquí a los propietarios la Junta les ofrece pagar el seguro de impagos, desperfectos y defensa jurídica a cambio de pongan un precio de alquiler limitado. "Se trata de ir primero con la zanahoria que con el palo", explica.