Dos meses a piñón con buenos resultados. Los Letrados de la Administración de Justicia han terminado ganando el pulso al Ministerio de Justicia con una huelga mayoritaria y mantenida a la que finalmente se puso fin este martes tras muchas reuniones, encontronazos y una dura negociación que ha terminado respaldando un 76% de estos funcionarios en términos generales a través de las asambleas tras las ofertas de los ministerios de Justicia y de Hacienda de mejoras en la carrera judicial, revisiones normativas y un aumento retributivo que oscila entre los 430 y 450 euros brutos mensuales.
El fin de la huelga se dibujó el lunes, un día antes del respaldo definitivo del comité de huelga, formado por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, puesto que se celebraron asambleas provinciales de las que salió este apoyo mayoritario del 75%, frente al 21% contrario a la misma.
A pesar de todo, los apoyos ganaron mayor peso o menor en función de algunas de las provincias, como Madrid, la más rebelde de todas, con 122 votos a favor y 127 en contra. Si bien, en la provincia de Toledo, los Letrados de la Administración de Justicia demostraron más simpatía por la propuesta ministerial. Según ha podido conocer La Tribuna, el 62,9% de los votos fueron favorables, el 33,3% en contra y un resto mínimo fue a parar a las abstenciones.
A pesar del resultado, lo cierto es que el colectivo en Toledo «se ha quedado con un mal sabor de boca» aunque el respaldo haya sido mayoritario. Los Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, creen que no se ha concedido tiempo suficiente para estudiar la propuesta, que de alguna manera se ha presionado apuntando que «era la última oferta» e incluso había posibilidades de renuncia dentro del comité de huelga si no se aceptaba la oferta ministerial.
Respecto a la propuesta, el complemento retributivo conseguido se abonará en tres plazos. Además, está previsto organizar grupos de trabajo conjunto en tres meses entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de Letrados de Administración de Justicia, sin perjuicio de la actividad y la competencia de las mesas sindicales, con el objetivo de abordar una serie de temas pendientes de carácter normativo ligados a las Leyes de eficiencia, las relaciones de los puestos de trabajo en las oficinas judiciales de los tribunales de instancia, la formación de estos profesionales, los planes de recuperación tras la repercusión de la huelga y cuestiones ligadas al Registro Civil, entre otras.
Sin embargo, los letrados de Administración de Justicia toledanos también subrayan que se han quedado en el tintero algunas de las reivindicaciones, como la negociación colectiva propia, pero tras dos meses de intensa y costosa huelga tanto el colectivo como el Ministerio de Justicia han cedido para lograr un acuerdo y volver a la actividad judicial normal, ya que ha estado prácticamente paralizada en la jurisdicción civil y muy afectada en otras.
Actividad. Los juzgados de Toledo capital se levantaron ayer con una agenda completa como primer día de actividad plena tras la suspensión de la protesta. De momento, es pronto para evaluar los daños y los retrasos ocasionados por la huelga, pero lo cierto es que los juzgados tardarán meses en dar salida a los juicios y las actuaciones aplazadas desde el 24 de enero.
En este caso, el colectivo calcula que en Toledo capital se han aplazado unos 1.520 juicios en estas diez semanas de huelga, aproximadamente un 70% de las suspensiones registradas en la provincia. Además, se arrastran 2.011 demandas pendientes de tramitar, incluidos los concursos de acreedores, en los juzgados de Primera Instancia y en el de lo Mercantil.
Según apuntan los Letrados de Administración de Justicia de Toledo, la jurisdicción mercantil, incluida en la civil, ha sido una de las más damnificadas, y calculan «que se tardará mucho tiempo en volver a la situación anterior a la huelga», puesto que la actividad se reparte entre la misma plantilla y a estos retrasos también hay que sumar que la administración de Justicia se estaba intentando recuperar de la paralización que trajo también la pandemia de covid.
Además, la jurisdicción penal no escapa a esta situación porque los juzgados tampoco han trabajado a pleno rendimiento desde finales de enero y muchos juicios que estaban señalados no han entrado en los servicios mínimos, que se han centrado en las actuaciones de los juzgados de guardia, los juicios y comparecencias con preso y las actuaciones relativas a la violencia de género.