La operación de compraventa de la residencia de ancianos de Magán en 2006 ha deparado una travesía judicial levantada por el actual equipo de Gobierno. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo condenó el 15 de junio de 2020 a la empresa a la devolución a las arcas municipales de los 720.000 euros aportados por el Consistorio hace más de 15 años por un acuerdo finalmente frustrado. Ahora, ha obligado a la mercantil a consignar a favor de la administración local más de un millón de euros, con intereses incluidos.

El Ayuntamiento de Magán había solicitado la ejecución provisional de la sentencia para garantizar la devolución de los 720.000 euros que abonó en 2006, más los intereses devengados en esos 16 años. De esta manera, la empresa 'Residencia de Magán S. L.' ha consignado ya en el juzgado los más de un millón de euros. De esta manera, según subraya el consistorio sagreño, queda garantizada la devolución del dinero con los intereses, a la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial.

El inmueble en litigio, localizado en el camino de la Ermita, supone un anexo de una residencia más grande, que está sí en funcionamiento. Ambos son propiedad ahora de la asociación Asispa.

«Supone una inmejorable noticia para nuestro pueblo por la recuperación de un dinero que, en su día, los distintos regidores municipales dieron por periodo. No siendo hasta 2018, con el actual equipo de Gobierno, que se decidió plantear el proceso judicial tras estudiar la viabilidad. Ahora, el dinero, junto con sus intereses, está en el juzgado a disposición del Ayuntamiento», subrayó el alcalde, José Luis Martínez, cuyo equipo de Gobierno decidió en 2018 plantear el proceso judicial.

El Ayuntamiento de Magán gobernado entonces por Jesús Aranda entregó en 2006 a la empresa 'Residencia de Magán S. L.' un primer pago de 720.000 euros de los 1.682.833 euros del total del precio fijado por la compra. La operación se frustró porque el acuerdo consistía en que la residencia sería entregada libre de cargas. Verbalmente, acordaron las partes que el primer pago sería utilizado por la empresa vendedora para cancelar la hipoteca sobre la residencia. Pero, según la sentencia, la vendedora incumplió el acuerdo de cancelación, según detalla el Consistorio de unos 4.000 empadronados.

La empresa ni canceló la hipoteca ni entregó la antigua residencia ni devolvió el dinero. Por ello, el Ayuntamiento de Magán tampoco satisfizo el pago restante, pero consideraba que la ruptura conllevaba la devolución de los 720.000 euros.