El Tribunal Supremo ha citado el 11 de octubre al fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, para declarar como testigo en el marco de una demanda que presentó una subordinada, que le acusa de obligarla a trabajar pese a estar de baja, para tratar de revocar una sanción del fiscal general por retrasos en la tramitación de asuntos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido en un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, la prueba testifical propuesta por la fiscal demandante, que solicitó que declarasen el fiscal jefe provincial de Toledo, el delegado de Prevención de Riesgos Laborales de la Fiscalía y una funcionaria.

Esta fiscal recurrió ante el Supremo la multa de 1.500 euros por infracción grave por retrasos en la tramitación de asuntos que el fiscal general del Estado le impuso en 2022 tras el expediente disciplinario que se le abrió.

En su demanda, la fiscal acusa a su superior, el fiscal jefe Antonio Huélamo, de conminarla a trabajar en casa cuando el médico le había dado la baja por embarazo de riesgo.

Tras conocerse la noticia, un total de 32 fiscales que integran o han integrado la Fiscalía de Toledo mostraron su «rotundo» apoyo a Huélamo en un escrito en el que negaron que, en el presente o en el pasado, se haya producido conducta alguna que pudiera ser constitutiva de acoso o discriminación laboral de género, ni de ninguna otra índole, por parte del fiscal jefe.

La fiscal relata en su demanda que su jefe, a quien acusa de «acoso por razón de género», le «conminó» a seguir trabajando en casa hasta que despachase todos los asuntos que tenía pendientes y que, tras insistir ante la Inspección Fiscal, éste órgano emitió un documento dirigido a Huélamo en el que precisaba que la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes.

Según la demanda, Huélamo informó en julio de 2021 de unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales por la fiscal, cuando hasta entonces ésta no había recibido queja sobre su trabajo, y subraya que se la asignó un juzgado «con tal sobrecarga de trabajo que acabó minando» su salud.

Como consecuencia de esos supuestos retrasos, a la fiscal se le abrieron unas diligencias informativas que acabaron en un expediente disciplinario.