A las dificultades económicas de la recuperación tras la pandemia, se unió la invasión rusa de Ucrania. Una situación que nadie esperaba y que pilló tanto a empresarios, trabajadores como a gobiernos fuera de juego, sin saber cómo afrontar una situación con la que no contaban ni tampoco estaban preparados.

Los efectos de la guerra y la inflación han sacado del mercado a miles de empresas, ha descendido la cifra de horas trabajadas, se han disparando las quiebras, las tasas de morosidad y el número de familias vulnerables en un contexto que recuerda los tiempos más adversos.

Según el INE, la renta de los ciudadanos españoles subió durante el último trimestre de 2022 un 1,6%, frente al gasto que lo hizo en un 12%, lo provocó que seis de cada 10 hogares hayan recurrido a ahorros y créditos para llegar a final de mes. 

Una realidad que ha llevado a España a pasar del puesto 13 del ranking de nivel de vida de la UE, que ostentaba en 2018, al número 18, siendo adelantada por países como Malta, Eslovenia, República Checa, Estonia y Lituania.

Con la guerra de Ucrania, la situación se agravó aún más porque el país aún no se había recuperado de la pandemia, que afectó de una forma muy intensa a sectores como el turismo, la hostelería y el comercio, que sufrieron un importante descenso de actividad y el cierre de muchos negocios. Según un informe de la Confederación Española de Comercio (CEC), en 2020 desaparecieron unos 85.000 establecimientos comerciales, lo que representó el 14% del total.

Con los ajustes del último año, el pesimismo es aún mayor, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas. La previsión de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para 2023 es que desaparezcan unos 15.000 pequeños comercios que se sumarán a los 16.000 que se han liquidado en 2022.

En lo que se refiere a los concursos de acreedores entre personas físicas, el incremento ya se dejó notar en 2021. De los 7.062 deudores concursados, el 33% fueron personas físicas, de acuerdo con el índice de 2022 elaborado por el REFOR.

En esta línea, la variación en el tercer trimestre del año pasado se disparó un 80,6% en relación al año anterior y un 16,2% respecto al trimestre precedente, según los datos de los Registradores de España.

En el segundo trimestre de 2021 (último dato disponible), la cifra de empresas activas en España era de 3,3 millones. Un dato que los expertos consideran que ha descendido tras los duros efectos económicos del último curso. 

En términos de empleo, recientemente, el Senado daba a conocer los datos de empleados fijos discontinuos, es decir, trabajadores que no computan en las listas del paro pero que a 31 de diciembre sumaban 443.078, lo que disparaba el número de desocupados de los 3.837.653 millones oficiales a los 4.280.731, lo que supone que la tasa de vulnerabilidad de los asalariados era un 15% más alta que los datos oficiales que daba el Gobierno.

Sectores más dañados

El colectivo que más se ha visto desplazado es el turismo que, aunque ha recuperado prácticamente su tasa de actividad y su facturación ha descendido sus ingresos por los altos costes a los que ha tenido que hacer frente, especialmente energéticos y de personal.

Le sigue el comercio minorista que, según un informe de la Confederación Española de Comercio, desde 2020, se contabiliza más de 40.000 empleos menos y el cierre de cerca de 50.000 empresas. 

También la industria manufacturera se ha visto muy dañada. Las interrupciones en la cadena de suministro y el alza de las tarifas de las materias primas, energía y personal llevaron al sector a una disminución en la producción y la demanda de bienes manufacturados.

En definitiva, el sistema económico ha quedado muy erosionado y ha puesto en cuestión la necesidad de reforzar las tasas de productividad y competitividad para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de un sistema en el que la clase media ha quedado diezmada, con un poder adquisitivo similar al de 1996, a pesar de ingresar más renta.

Por su parte, el sector público se ha visto obligado a combatir la pobreza y endeudarse hasta 1,489 billones de euros, lo que supone casi el 114% del PIB, para paliar las necesidades de los más vulnerables 

Una realidad que los economistas aseguran que no se recuperará antes de 2026 si es que no hay que lamentar más agujeros en los maltrechos bolsillos de los españoles.