En Ferraz están convencidos de que Feijóo fracasará en su investidura y llegará el turno de Sánchez. Pero, de ser ciertos esos pronósticos, el precio que tendría que pagar el socialista para seguir en Moncloa incluiría la amnistía que pide Puigdemont. Una ley que hacer temblar los cimientos del PSOE.

La exigencia del expresidente catalán solo para empezar a negociar, que muchos tachan de «chantaje», cuenta con el rechazo de socialistas históricos como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui o Joaquín Almunia.

El expresidente del Gobierno fue uno de los primeros en expresar públicamente su oposición, asegurando que en el marco de la Constitución no caben la amnistía ni la autodeterminación.

En su opinión, eso supone reconocer que los dirigentes del procés hicieron lo correcto, que el «sistema represor» les culpó injustamente, que ellos fueron las víctimas y que, por tanto, pueden repetirlo.

Mucho más duro y contundente, Guerra, que fue número dos de González, pidió al PSOE no hacer una esa ley al considerar que es «la condena de la Transición» y «una trampa» de los independentistas que, en su opinión, «no cabe» en la Carta Magna. «Yo no me resigno, no aguanto eso, no lo voy a soportar», llegó a decir.

No son los únicos socialistas históricos en cargar contra la amnistía. También el exministro Ramón Jáuregui señaló que, tal y como la interpreta él, no es constitucional y la calificó como «una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados» además de «un reconocimiento de la unilateralidad».

Por su parte, el exministro y ex secretario general del PSOE Joaquín Almunia mantuvo que antes de hablar de una hipotética amnistía se debería reflexionar «si desde el punto de vista del interés general de la sociedad hay condiciones» para impulsarla. «Yo no lo veo» en este momento, manifestó.

Otro de los detractores de esta exigencia es el exlíder del PSE Nicolás Redondo, para quien «acordar una amnistía con una persona que se ha fugado de España, pero no ha asistido a los juicios que le corresponden solo por hacer un Gobierno, es dinamitar el sistema del 78».

Sobre estas críticas, en el PSOE se limitan a decir que «las opiniones, opiniones son», y algunas fuentes de la Ejecutiva Federal socialista expresan su respeto a todos estos exdirigentes pero reclaman otra forma de hacer política porque «el presente no es el mismo». En concreto, sobre la exigencia planteada por Puigdemont en nombre de Junts se limitan a señalar que la Constitución es el marco para cualquier negociación.

De este modo, aseveran que quien debe determinar si esta ley es constitucional debe ser la Corte de Garantías y nada más.

El único dirigente socialista en activo que ha planteado abiertamente críticas a una amnistía es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Habitual verso suelto en el partido, el barón más poderoso del PSOE en la actualidad, considera que «vulnera el principio de igualdad ante la ley» y «choca con la Constitución».