Si insólita era la elección del lugar para el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, más lo ha sido la oferta del presidente popular de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se produzca bajo la mediación de la Comisión Europea, que vigilaría el proceso de elección de los nuevos vocales y la subsiguiente reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Insólito que una institución europea tenga que supervisar el procedimiento de un asunto nacional y plenamente constitucional, y más que lo proponga el Partido Popular tan celoso de la salvaguarda de la soberanía nacional, aunque realice el quiebro de que la Comisión Europea es ya depositaria de buena parte de ella.

El eje de esa propuesta es qué si los propios socios del Gobierno no se fían de él, la oposición tiene el derecho a mantener la misma actitud, porque se han sentido engañados en el anterior proceso de negociación sobre la renovación del CGPJ. Pero la supervisión opera también en la otra dirección. Téngase en cuenta de que el acuerdo estuvo cerrado en octubre del pasado año, que la presión de los sectores más duros del ámbito popular torció el brazo a Feijóo, y que dos de sus principales dirigentes habían desvinculado el acuerdo de la reforma de dos delitos del Código Penal, días antes del cambio de opinión. Las negociaciones se retomarán dónde quedaron suspendidas, un punto de partida que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría calificó como "magnífico".

Por supuesto no se puede equiparar la designación de un diplomático salvadoreño para supervisar los acuerdos entre el PSOE y Junts, con la presencia de la Comisión Europea en un asunto que le ha preocupado en los últimos años por su repercusión en la fortaleza del Estado de derecho en España. Será "un mediador y verificador", como ha insistido Pilar Alegría para incomodar al PP. Por supuesto, al PP le interesa que sea el comisario de Justicia, Didier Reynders, quien realice ese papel, dado que el PP le ha desobedecido reiteradas veces sin que se le moviera una ceja. Quedan por delante muchas batallas que librar que demostrarán hasta qué punto ambos partidos están comprometidos con garantizar la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que, como dijo Feijóo, nunca más pueda hablarse de "mayorías conservadoras o progresistas".

Salvo el acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución sobre las personas con discapacidad sin tocar otros artículos, el resto de las propuestas que ha realizado Feijóo han recibido una respuesta negativa por parte del jefe el Ejecutivo. En unos casos porque no ha modificado el documento que llevaba escrito, después de las últimas decisiones y declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en defensa de la independencia judicial y su oposición a que los jueces comparezcan en las comisiones del Congreso; en otros porque tiene una concepción adanista del ejercicio de su liderazgo, que presenta como un ejercicio de defensa de la independencia institucional  y se olvida de cómo el PP también ejerció de "agencia de colocación" de su afines en la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y medios de comunicación públicos, y cómo se saltaron acuerdos precedentes.

En los asuntos en los que Feijóo se empleó con más dureza contra Sánchez y recibió una respuesta negativa del jefe del Ejecutivo fue sobre el abandono de la ley de amnistía o de la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona, que calificó como una amoralidad y un ataque a la igualdad de los españoles ante la ley y al Estado de derecho.  Feijóo, sin embargo, dedicó menos tiempo a uno de los asuntos que le propuso Sánchez, la reforma de la financiación autonómica para lo que ha ofrecido una mesa de trabajo, negada por Feijóo, porque más allá de cargar contra la posible bilateralidad con Cataluña, es un asunto que crea problemas internos al PP.   

El líder del PP, al término de la reunión se quejó de que había "conseguido muy poco" y que para un constitucionalista es muy difícil llega a acuerdos con Sánchez, a pesar de que han alcanzado dos muy relevantes sobre el orden del día propuesto por Sánchez.

 Lleva razón. Pero para cambiar el sentido de determinadas políticas es preciso conseguir la mayoría de escaños para poder gobernar.