Puede que a la ciudadanía, inmersa en un proceso de supervivencia a la cesta de la compra, a llenar el depósito, a pagar la hipoteca y a vivir para contarlo, no le preocupe en exceso algo tan grave como la crisis institucional que vive uno de los poderes del Estado, el que en buena medida garantiza la higiene de toda la democracia como sistema político. La renuncia de Carlos Lesmes a seguir presidiendo el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial constituye la deflagración del escaso crédito que quedaba en el apoyo de la clase política a una justicia real y liberada de toda suerte de intromisiones.
Los partidos llamados a resolver la crisis, Partido Socialista, ahora en el Ejecutivo, y Partido Popular, han sido incapaces de superar la distancia que ha provocado una situación de precariedad que ya duraba cuatro años y que ha erosionado seriamente la imagen de España en el exterior, y de forma muy particular en la Unión Europea. La Comisión envió a su comisario de Justicia a intentar mediar para evitar la dimisión de Lesmes, tal era el bochorno, y de nada sirvió. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enrocado en su argumentario, decidió llamar a consultas al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para buscar una salida. Hasta ahora, lo que se conoce es un compromiso, el enésimo, para buscar un acuerdo.
El daño ya está hecho y se antoja irreparable a corto plazo, así que ahora procede superar y cimentar el futuro para que el colapso de la Justicia española no se magnifique en su cúpula hasta límites inéditos en democracia. El PSOE sostiene que se debe seguir el principio de elección marcado en la Constitución, un argumento curioso en el verbo de quien gobierna apoyado en todos los partidos que quieren ver arder lo que definen como el 'régimen' del 78. El PP, por su parte, no se niega a cumplir el mandato constitucional, pero exige que se inicien los trámites para cambiar en el menor plazo de tiempo posible el sistema de elección de los jueces. El detalle, para nada minúsculo, es que la Unión Europea también ve en ese planteamiento el camino a seguir.
El Gobierno de Pedro Sánchez debe entender que la Justicia no puede seguir politizada. Los magistrados del Poder Judicial se eligen por cuotas parlamentarias, directamente por la clase política. No en vano, Lesmes llegó a la Presidencia por el rechazo del PSOE al candidato popular, Manuel Marchena. Invocar la criba previa realizada por las asociaciones profesionales tampoco resulta serio desde el momento que unas y otras se definen por su inclinación política. Deben ser los jueces, y nadie más, quienes elijan a sus mandatarios. Lo entiende así Europa. Y cualquiera que no pretenda manosear el Poder Judicial, también.