El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo bajo la responsabilidad de su anterior concejal,  el socialista José Pablo Sabrido, ha tenido que recular y «suspender la efectividad de la licencia de obra» que concedió hace año y medio a la Comunidad de Propietarios de la Calle Lillo (números 1, 3 y 5) para la construcción e instalación de dos ascensores en la fachada trasera del edificio. La decisión se tomó después de conocer otra sentencia que anula, por considerarla irregular, la cesión del suelo público que realizó el Gobierno municipal para dejar sitio a los ascensores y la maquinaria auxiliar. «No se ha realizado debidamente el procedimiento de adjudicación directa» y, en consecuencia, el acuerdo debe ser declarado nulo, indica la sentencia.

Conocido el fallo judicial, los funcionarios municipales consideran que, una vez anulada la concesión de uso privativo de dominio público, «la comunidad de propietarios no tiene disponibilidad de los terrenos para el inicio de la obra, por lo que no podría acometer la instalación de los dos ascensores».

Como la anulación es reiterada y Sabrido no debía querer incurrir en más errores decidió antes de irse que «el Ayuntamiento no iniciará nuevo procedimiento para la concesión de uso privativo del dominio público que permita la construcción de la instalación hasta el momento en que se dicte resolución judicial respecto de la modificación del Estudio de Detalle» con el que justifican la aprobación del resto de actuaciones que concluyeron en la concesión de la licencia de obras.

El pleito viene de largo y están pendientes de sentencia el recurso contra la aprobación de la Modificación del Estudio de Detalle de la Calle Lillo 1, 3 y 5 (acuerdo del Pleno de 18 de marzo de 2021) y el procedimiento contra la aprobación de la concesión de licencia para instalación de dos ascensores (acuerdo de la Junta de Gobierno  de septiembre de 2021).

Hay que recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Toledo ya declaró «nulo de pleno derecho» el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo que cedía 6,28 metros cuadrados de suelo público para la instalación de un ascensor en la calle Lillo nº 5 ya que excedía lo aprobado (ocupa 29,49 m²) y no dejaba pasar a los viandantes, entre ellos los clientes de un negocio.