Cada ciudadano tendrá su tarjeta, esta será común para todo el territorio nacional, englobará las prestaciones públicas de cualquier tipo que perciba cada persona y permitirá identificar las situaciones de vulnerabilidad que mejoren el diseño de las políticas sociales. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, defiende que no provoque "estigma social" ni sirva "de control".