Que el expresidente Carles Puigdemont pueda finalmente no quedar cubierto por el paraguas de la ley de amnistía es un riesgo al que su formación, Junts, no está dispuesta a exponerse. Un temor que el partido del dirigente catalán prófugo puso ayer sobre la mesa, después de varios días cargados de novedades judiciales relacionadas con los casos Tsunami y Volhov y que apuntan de manera directa al líder de los exconvergentes, que votaron en contra de la norma y la enviaron de vuelta a la Comisión de Justicia del Congreso para seguir debatiendo cambios.
La formación independentista intentó hasta última hora que el PSOE votase a favor de incluir en el texto todos los delitos de terrorismo y también los de traición, contra la paz o independencia del Estado porque, afirmaron, «una amnistía selectiva y en diferido» no es lo que acordaron.
Desde el PSOE, sin embargo, defendieron la solidez de la ley tal y como está y dejaron claro que «no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce», en referencia a las últimas resoluciones de los tribunales.
Y es que, aunque no los citó, seguramente esos procedimientos son los «agujeros» de la norma a los que se refirió la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el debate en la Cámara Baja, donde presionó sin éxito in «extremis» a los socialistas.
En primer lugar, está la causa de Tsunami, en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón indaga si los disturbios atribuidos a la plataforma en respuesta a la sentencia del procés en 2019 constituyeron delitos de terrorismo y si estos pueden imputarse a sus organizadores.
El magistrado, que ve indicios de terrorismo contra Puigdemont y Marta Rovira, trata de determinar si hay relación entre las protestas y la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en el aeropuerto del Prat, y cree que no se puede descartar el «ánimo homicida» en las graves lesiones que sufrió un policía, incompatibles «con el derecho a la vida e integridad física», reconocido, entre otros, en «el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos».
Esta semana también se conocieron novedades en otro caso que podría afectar al expresidente prófugo: Volhov, que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Su titular, Joaquín Aguirre, cree que hay indicios de que Rusia estaba dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña para «desestabilizar a la UE» y que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia.
En el aire
A la espera de saber cómo quedará la ley de la amnistía, con este nuevo capítulo parlamentario deben aún esperar numerosas causas que se daba por hecho que serían beneficiadas, empezando por la principal, que ha investigado y juzgado el Supremo.
Puigdemont, fugado en 2017 junto a otros dos exconsellers -Lluís Puig y Toni Comín- están procesados por desobediencia y malversación y tienen una orden de detención nacional en vigor, que, según la proposición, debería decaer cuando sea aprobada definitivamente, aunque se recurra ante el Constitucional o Europa.
Sí que lo fueron el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros, que actualmente tienen indultada la pena de cárcel, aunque mantienen la de inhabilitación. El líder de ERC y la exconsellera Dolors Bassa, hasta 2031, y Raül Romeva y Jordi Turull, hasta 2030.