En los conflictos que se están librando en la administración de Justicia no se habla de ellos, pero los abogados están sufriendo un notable perjuicio desde finales de enero, concretamente una vez que se inició la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, porque la falta de actividad en distintas jurisdicciones que se han ido encadenando con la protesta de los funcionarios han colocado en una situación muy complicada a buena parte de la profesión «por falta de ingresos».

«Está claro que el más perjudicado con todas estas huelgas es el ciudadano, pero si no hay actuaciones judiciales los abogados no cobran», explica el decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, preocupado y pendiente de una huelga de funcionarios que parece inagotable y sin visos de finalizar. Por ello, los 83 colegios de abogados de España secundarán mañana una concentración, que en Toledo se materializará a mediodía a las puertas del Palacio de Justicia, para pedir «que la Justicia funcione».

Los abogados vestirán su toga y estarán acompañados por los procuradores, que también están sufriendo el mismo problema. En este caso, la iniciativa parte del Consejo de la Abogacía, que considera necesario plantarse para hacerse eco de la delicada situación económica de muchos abogados desde finales de enero y aprovechar también para reivindicar la defensa integral del turno de oficio, el derecho a la conciliación y la desconexión digital, entre otros asuntos pendientes.

Cervantes apoya y entiende que los funcionarios de Justicia estén embarcados en una larga protesta y más teniendo en cuenta que los Letrados de la Administración de Justicia consiguieron mejoras tras librar una intensa huelga de dos meses y una semana y los jueces y fiscales han obtenido mejoras retributivas con el simple anuncio de que se pondrían de huelga a mediados de mayo. Sin embargo, subraya que en estos momentos no tiene sentido mantener una huelga de estas características «con un gobierno en funciones y sin un interlocutor en el Ministerio de Justicia».

El decano del Colegio de Abogados defiende que los funcionarios utilicen la huelga para presionar al Ministerio de Justicia «porque se trata de un derecho constitucional», pero insiste en que en estos momentos no es productiva porque se acercan las elecciones generales y hasta septiembre, al menos, no habrá interlocutores en el Ministerio de Justicia. Por tanto, aunque la solución es muy complicada, ve que lo más acertado sería aplazarla hasta que se constituya el nuevo Gobierno.

Respecto a la situación de los letrados, Cervantes explica que hay compañeros que llevan sin cobrar desde finales de enero y otros se han visto abocados a compartir sede a modo de coworking para abaratar gastos porque no pueden hacer frente al pago de un despacho. Por este motivo, desde el Colegio de Abogados se pide que se restablezca la normalidad en los juzgados.

la actividad. La huelga de funcionarios, que comenzó a mediados de abril, ha ido intensificándose ante la falta de respuesta de Justicia, ya que comenzó con paros parciales a determinadas horas y terminó desembocando en una protesta indefinida que está provocando la paralización de buena parte de la actividad en los juzgados.

En este caso, Cervantes apunta que la actividad «se está resintiendo  notablemente» y hay juzgados que apenas celebran actuaciones, como los de lo Social 2 y 4, frente al Social número 1 que está asumiendo toda la actividad. Además, comenta que en la jurisdicción Civil prácticamente se suspende todo y en la Penal varía de unos juzgados a otros, si bien, en líneas generales la paralización es acusada, hay notables retrasos en muchas materias, se han suspendido divorcios, temas de familia y otros asuntos que se han tenido que aplazar para otoño.

Para Cervantes, la situación en los juzgados de Toledo capital es grave y «muy preocupante» porque suelen acumular una importante sobrecarga de trabajo en condiciones normales, pero en estos momentos «se ha agravado mucho desde enero» y aún no hay fecha para que la actividad vuelva a la normalidad. Además, tiene claro que como el Ministerio de Justicia no ponga en marcha un plan de refuerzos será imposible que los órganos judiciales asuman toda la carga y los asuntos pendientes para dar respuesta a la ciudadanía.