Han pasado más de cuatro años desde que, el 31 de enero de 2020, el Reino Unido celebrase un referéndum que acabaría con su posterior salida de la Unión Europea (UE). Desde entonces, España y la comunidad continental negocian con el país británico un acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit. Son varios los nudos que han dificultado la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el pasado. Uno de estos escollos es el uso conjunto del aeropuerto.
Esta instalación de la Royal Air Force (RAF), que además de ser utilizada por aviones militares tiene uso civil, está construida sobre el istmo, un espacio que no fue cedido al Reino Unido en el Tratado de Utrecht de 1713 por el que ese territorio, una pequeña península situada en el sur de nuestro país, pasó a ser británica.
La zona fue ocupada por los ingleses a principios del siglo XIX, después de que, durante una epidemia de fiebre amarilla en el territorio, el imperio de Felipe VI accediera a que en ese lugar se instalaran temporalmente barracones para acoger a las personas sanas y evitar más contagios.
Lo que en principio era una medida transitoria se tornó en permanente y aquellas naves se quedaron en el istmo e, incluso, se ampliaron.
A principios del siglo XX Gibraltar levantó la Verja, una separación entre el territorio español y el británico que situó en el extremo del istmo.
En 1938, durante el transcurso de la Guerra Civil en territorio nacional, los anglosajones decidieron construir allí un aeropuerto militar, con una pista de aterrizaje que incluyó varios centenares de metros ganados al mar.
Esas aguas, al igual que el espacio aéreo, tampoco estaban incluidas específicamente en las cesiones que recogió el Tratado de Utrecht.
Y son otro de los puntos en disputa: España mantiene que, al no ser mencionadas, no se cedieron y el Reino Unido y Gibraltar sostienen que no se aludieron en su momento porque en aquel tiempo operaba la ley del cañonazo, que daba a la costa el espacio marítimo que podían alcanzar las balas. Por tanto, la instalación está situada así sobre un terreno doblemente controvertido.
Una solución imaginativa
Después de la II Guerra Mundial, comenzó a tener un uso también civil, con vuelos con destino a Tánger y también a Londres.
El 18 de septiembre de 2006, en la reunión del Foro Tripartito celebrada en Córdoba, España, el Reino Unido y Gibraltar llegaron a un pacto que determinó, entre otros puntos, el uso civil conjunto de ese aeropuerto a través de una solución «imaginativa».
El Ejecutivo de la región mandaría construir una nueva terminal civil (que se inauguró finalmente en 2012) y el de España, desde ese edificio, un voladizo (que nunca se llegó a llevar cabo) por el que los pasajeros que volaran desde un aeropuerto nacional a Gibraltar y que abandonasen la terminal por el acceso español serían tratados como si vinieran en un vuelo local.
Compañías aéreas de las dos naciones operaron la ruta Madrid-Gibraltar, pero acabaron por cancelarla ante la falta de demanda y su escasa rentabilidad económica.
En la actualidad, ambas potencias negocian cómo definir las futuras relaciones de un territorio conflictivo con la UE, con el uso del aeropuerto como principal asunto de fondo.
Uno de los escollos está en que, con base en el acuerdo de Nochevieja de 2020, Gibraltar entrará a formar parte del espacio Schengen al amparo de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta área europea de libre circulación. Con ello, los controles fronterizos se trasladarían a la instalación aérea y al puerto. El Gobierno de Sánchez cree que esos puntos de acceso deben asumirlos las fuerzas de seguridad nacionales, algo que al territorio de ultramar le cuesta aceptar.