A escasas semanas de que se inicie la campaña de recolección cerealista en Andalucía, la siega ya es un hecho en cientos de miles de hectáreas de esa comunidad autónoma, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en las tierras más meridionales de Castilla y León o las zonas más secas de Aragón o Cataluña debido a las altas temperaturas y la falta de agua. En el resto, especialmente en las zonas más altas de Castilla y León y del Ebro o Cataluña, se mantiene alguna esperanza si hubiera un cambio hacia un clima más favorable que permita salvar parcialmente una campaña que ha estado dominada por los elevados costes de producción, especialmente en abonos y energía, que aumentarán los números rojos de las explotaciones y el deterioro de la actividad económica en el medio rural.
Las cosechas van a ser reducidas o inexistentes pero, al contrario que el año pasado, las cotizaciones no tienen pinta de subir y compensar los bajos rendimientos porque se esperan abundantes producciones en algunos países comunitarios y en otras zonas del globo; es decir, hay cereal suficiente. A esta situación se suma además el hecho de que en el seguro contra la sequía, a pesar de existir una subvención media al coste de las pólizas del 40% que llega en algunos casos hasta el 65%, los niveles de cobertura se sitúan solo ligeramente por encima del 40% sobre una superficie total de 5,3 millones de hectáreas. Unas cifras que deberían llevar a un debate sobre este tipo de pólizas para ver por qué no se incrementa entre los agricultores el nivel de aseguramiento contra una siniestralidad que se repite cada vez con una mayor frecuencia.
De cara a la nueva campaña, las estimaciones previas sobre las que trabaja Cooperativas Agro-Alimentarias sitúan la cosecha en un techo de 12 millones de toneladas. Esto significa que, para atender las necesidades de abastecimiento del mercado interior, especialmente para la alimentación de las cabañas ganaderas y para el consumo humano, España deberá aumentar sus importaciones de cereales en más de un 35%, pasando de poco menos de 19 millones a unos 26 millones de toneladas, lo cual obviamente aumenta la dependencia exterior.
A efectos prácticos, siempre que no haya nuevas convulsiones en los mercados exteriores por causas ajenas a la producción, los ganaderos tendrán a su favor la existencia de buenas cosechas en los países tradicionalmente proveedores, tanto en el resto de la UE como en terceros países, lo que podría frenar los incrementos de los precios. En la parte contraria, para los agricultores, a la cosecha bajo mínimos, se sumarán los incrementos de los costes de producción en un 30% y los precios de los cereales hoy estancados.
En la campaña pasada, con una reducida cosecha de solo unos 18,3 millones de toneladas España tuvo que efectuar unas importaciones de casi 19 millones de toneladas para cubrir unas necesidades que se hallan prácticamente estabilizadas en unos 36 millones, de las que 26 corresponden a la alimentación animal. Para la campaña actual no existen aún datos oficiales sobre previsiones de cosecha.
Desde Cooperativas Agro-Alimentarias, considerando los efectos de la sequía en la mitad sur de la península y en otras zonas más norteñas, donde ya prácticamente el calor y la falta de agua han arrasado los cultivos, las previsiones en los cereales de invierno -trigos, cebadas, avena o centeno- no pasan de los 12 millones de toneladas. En el caso de los regadíos, se mantienen los interrogantes en las producciones de maíz por la reducción de superficie de 360.00 a unas 300.000 hectáreas y especialmente por la falta de agua para el riego en muchas zonas desde el Ebro al sur.
Estimaciones.
En conjunto, en una primera aproximación, en el maíz se estimaría una cosecha de unos 2,5 millones de toneladas frente a los 3,8 millones de la campaña anterior; en trigos se pasaría de los 6,1 millones de toneladas en la campaña anterior a solo cuatro millones; para la cebada la cosecha se situaría en unos 4,5 millones de toneladas frente a los 6,7 millones de toneladas del pasado año y las cifras récord anteriores de nueve millones de toneladas. Para el resto de los cultivos de cereales de invierno, la cosecha en su conjunto de avena, centeno, triticale, etc. no llega al millón de toneladas por los 1,8 millones del año anterior. En total una cosecha bajo mínimos que solo podría llegar a entre 11 y 12 millones de toneladas, similar a los 11,3 millones de las habidas en los años 1995 y 2005 y a años luz de los 27 millones de 2020 y de una media que está entre los 23 y los 24 millones.
Esta debacle en las cosechas de los cereales acelera los problemas en el conjunto del sector agrario, ya que se suma al incremento de los costes de producción en un 30% hasta superar los 35.000 millones de euros y da la puntilla a las cuentas de las explotaciones. Según datos oficiales, los gastos en semillas pasaron esta campaña de 1.208 a 1.244 millones, los de energía de 2.385 a 3.566 millones de euros, los de fertilizantes de 2.217 a 3.243 millones y los de piensos de 14.200 a 19.000. El seguro contra la sequía que podía ayudar a paliar los efectos de la falta de lluvias solo se suscribió sobre el 20% de los 18 millones de hectáreas de secanos que tienen posibilidades de hacerlo, al no estar de acuerdo el sector con las exigencias, condiciones y coberturas contempladas en esa línea.
Frente a la situación nacional en los cereales, en el exterior se manejan buenas perspectivas de cosechas. En la UE se estima un aumento del 7% hasta los 284 millones de toneladas. Igualmente hay expectativas favorables en países del este y en otros territorios como Brasil, por lo que no se prevén dificultades de abastecimiento y, en principio, a precios contenidos. Las importaciones españolas de trigo han venido tradicionalmente de Francia, Ucrania, Bulgaria o Rumanía; de maíz desde Francia, Brasil y Rumanía y de cebada fundamentalmente desde Reino Unido y Francia.
De cara a las necesidades de cereal para la próxima campaña, las mismas se podrían reducir en un 5% en la demanda para alimentación animal en caso de se impongan las exigencias previstas sobre bienestar con lo que ello conlleva de ajuste de cabañas y no ampliación de granjas por dificultades económicas parar invertir y por falta de permisos para reformar las instalaciones. En principio, a pesar de los mejores precios en origen, las futuras nuevas exigencias sobre bienestar animal, por el aumento que implican en la superficie y los costes fijos para producir lo mismo, supondrán un ajuste en cabañas claves como la avicultura y especialmente en el porcino, grandes demandantes de maíz o cebada.