El ámbito judicial anda muy revuelto y la reciente y larga huelga de los Letrados de Administración de Justicia ha provocado que otros sectores se animen a visibilizar también sus carencias y sus reivindicaciones. En este caso, quince asociaciones han convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados el próximo 27 de abril a modo de protesta por la necesidad de mejoras en el turno de oficio, una remuneración justa, que los pagos sean puntuales, el derecho a conciliación, y que la concesión de la Justicia Gratuita esté sujeta al Salario Mínimo Interprofesional y no el IPREM, entre otras cuestiones. 

Esta movilización no ha conseguido una voz unánime del Consejo General de la Abogacía porque la postura mayoritaria era no acudir a la movilización, pero la convocatoria está recibiendo apoyo por parte de distintos colegios de abogados. En este caso, el de Toledo también ha decidido sumarse a la protesta porque siempre ha sido «muy reivindicativo» en relación al  turno de oficio y considera necesarias las mejoras laborales que se están reclamando. 

El decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, asegura que es imprescindible dignificar el turno de oficio y entiende que el Colegio de Abogados debe estar al lado de estos profesionales que están mal pagados y muchas veces ejercen la profesión en condiciones muy precarias. 

Es posible que a lo largo de los próximos días se vayan sumando más colegios profesionales, como han mostrado ya Valencia, Sevilla, Cartagena y Madrid, entre otros, que se han manifestado a favor y arroparán a estos letrados el próximo 27 de abril. Cervantes destaca como novedad el hecho de que el Colegio de Abogados de Madrid también se una por primera vez a estas convocatorias, puesto que aglutina «al 50% de la abogacía española».

La última protesta del colectivo se produjo hace poco más de ocho meses. Los abogados del turno de oficio, respaldados por los colegios de Toledo y de Talavera de la Reina, celebraron una concentración en la plaza de Zocodover el 12 de julio -el resto de colegios también se plantó en los distintos territorios sin competencias de Justicia- para protestar por impagos de seis meses derivados de las indemnizaciones por la asistencia jurídica gratuita. Estos profesionales también llevaron a cabo concentraciones y paros parciales en 2020 para presionar al Ministerio de Justicia por su falta de escucha.

La convocatoria fue la única salida para un colectivo que llevaba tiempo negociando con Justicia. A pesar de que al principio las negociaciones no iban mal, lo cierto es que un cambio de gestores en la administración precipitó el descontento.