La Junta Electoral Central ha multado a la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, a pagar 4.700 euros por hacer electoralismo en Moncloa. La máxima autoridad en lo referente a las elecciones y cuanto tiene que ver con ellas resuelve, de este modo, los dos expedientes informativos que abrió en su día a la titular de Política Territorial, a instancia de otras tantas denuncias del Partido Popular. La vulneración del artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es la base de la sanción. Hace referencia a la utilización de los medios públicos de los que disponía para hacer «manifestaciones con contenido valorativo y electoralista» en las ruedas de prensa del 4 de abril y el 3 de mayo pasado, en la precampaña de las autonómicas y locales del 28-M. La secretaria de la fuerza política denunciante y portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió ayer la inmediata dimisión de Rodríguez.
Más allá de que el PP se sienta reforzado y con autoridad moral suficiente para exigirlo, toda vez que la JEC acaba de darle la razón, y más allá también de que no parezca que la portavoz del Ejecutivo en funciones vaya a darse por aludida, hay algo que tanto a esta última, como al resto de miembros del Gobierno de Sánchez y del que salga de los pactos y acuerdos en los que trabajan unos y otros, de cara al inicio de la nueva legislatura, les debe quedar claro y es que no ocupan puestos de poder e influencia para utilizarlos en beneficio de sus siglas o en detrimento de las de sus oponentes en periodos electorales. Para eso están los responsables de campaña y los candidatos, no los ministros que deben ocuparse en todo momento del buen funcionamiento del engranaje del Estado y de la toma de decisiones en nombre del país.
En un Estado de derecho hay que respetar en todo momento y situación los tiempos, las funciones y las limitaciones que imponen el devenir del ejercicio activo de la política, los reglamentos de las instituciones y los cargos que se ostentan. Valerse de unos medios, que están ahí para otros fines, con el objetivo de sembrar dudas, de ganar enteros, de poner en cuestión las actuaciones o las declaraciones de otros o de jugar en campo propio, no solo no es legítimo, sino que adquiere ciertos visos de inmoralidad. Y es que exigir a los administrados que se conduzcan en todo momento dentro de los cauces legales, estar al quite de los deslices de la oposición y no querer ver la viga en el propio ojo, no es ni puede ser nunca de recibo.
La JEC también ha abierto expediente sancionador a Vox, que podría acabar en multa, por difundir propaganda contra Sánchez antes del comienzo de la campaña del 23-J. Todos, el Gobierno y el resto de partidos en liza, deben respetar y cumplir la legalidad. Siempre. Sobre todo en vísperas de una consulta.