Desde que el sanchismo llegó al poder, arropado por quienes huían de la casta y se acomodaron después en sus más opulentos privilegios, se puso de moda descalificar al adversario, al disidente, con un término que no debemos ni normalizar ni consentir: fascista. No sé si quienes utilizan ese vocablo conocen su alcance, la realidad que oculta. Me da a mí que no, que muchos de ellos son más de insultar que de pensar.  
Por si acaso, les recuerdo que la RAE define al fascismo como un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, que creó en Italia Benito Mussolini tras la Primera Guerra Mundial. Esa doctrina se amplió después a movimientos similares en otros países. Ahí estuvieron los nazis de Hitler, nacionalsocialistas, quienes masacraron, asesinaron y exterminaron, con crueldad indescriptible, a millones de judíos, entre otros colectivos que no pertenecían a la denominada raza aria. O no comulgaban con sus ideas. Hay que conocer la historia para no repetirla, por eso usar el término fascista con alegría, como ahora ocurre, supone una imprecisión, una falta de respeto y una muestra de odio intolerable. ¿Es progresista insultar con este calificativo al que se atreva a opinar de manera distinta? Precisamente, esa actitud totalitaria tiene un tufo a ese fascismo que achacan a otros.
España es un país democrático, con una Constitución ejemplar, que garantiza derechos y libertades, protegiéndolos incluso como fundamentales. Lo que está claro es que aquí no se extermina a nadie, la justicia no persigue a ninguna persona por pensar de manera diferente, por su condición sexual o por rezar al dios que algunos consideran equivocado. Y es inconcebible que pequeños grupúsculos de adoctrinados estén sembrando una radicalización de la sociedad que sólo conduce al odio, ese mismo que ha generado históricamente problemas de convivencia y grandes tragedias entre iguales.  
Esos progresistas que pisotean y señalan al otro, que acosan al disidente a través de cualquier medio, que le escupen desde lo más hondo de sus entrañas, son los que, curiosamente, aplauden que una vicepresidenta se reúna con un prófugo de la justicia, nacionalista ¿les suena?, un individuo que se ha saltado nuestra Constitución a la torera, la norma suprema que debía defender como presidente de la Generalitat. Y Cataluña forma parte de España, aunque le pese. Un tipo que puso en riesgo el Estado de Derecho y que parece que se considera superior al resto de los españoles. Eso sí que suena a algo parecido a fascismo. Aun así, ni siquiera yo sería capaz de atribuirle tal improperio a este señor, que pretende una amnistía que supone una bofetada a nuestra Carta Magna. Y esto no es cosa mía, sino que lo afirman socialistas de toda la vida y expertos en leyes, quienes defienden que gobernar España, con quién sea y a costa de cualquier precio, es ilícito.   
Lo que está ocurriendo en nuestro país es grave. A mí no me preocupan las coaliciones. Ni siquiera me importa que no gobierne la lista más votada, si llega a consensos con otros grupos que miran por el bien común. Eso sí, hay que marcar líneas rojas. Y esos que ahora miran para otro lado cuando la señora Díaz rinde pleitesía a Puigdemont deberían pensárselo dos veces antes de tachar de fascistas a quienes consideramos ese acto una auténtica ignominia. Voy más allá: fascistas, vosotros.