El informe de Morosidad del primer trimestre de 2023 elaborado por la Tesorería municipal deja lugar a pocas dudas sobre la capacidad de pago del Consistorio. Entre enero y marzo de este año el Ayuntamiento abonó dentro del periodo legal de pago 809 facturas, por un importe total de 4.672.449,88 euros. Así queda recogido en el informe de Cumplimiento de Pago de Obligaciones  que se elabora trimestralmente y complementa al cálculo de pago a proveedores de las administraciones públicas. 

El informe, que pasará hoy por el Pleno municipal ordinario, recoge los pagos comerciales entre la administración y las empresas, plasmados por capítulos, así como los pagos que quedan fuera del plazo legal de pago. Frente a los casi 4,7 millones abonados en plazo, el Ayuntamiento dejó sin abonar un total de 124 facturas, que sumaban 354.112,43 euros, es decir, que liquidó en tiempo y forma la gran mayoría de las facturas.  

La ley de Contratos del Sector Público establece que la administración tiene la obligación de abonar los pagos en los treinta días a la aprobación de las certificaciones de obras o de las facturas presentadas ante el registro administrativo.

De las facturas abonadas, 627.354 euros corresponden a bienes corrientes y servicios, en su mayoría para material y suministro. El informe de Morosidad del primer trimestre deja clara la capacidad de pago del Consistorio, a pesar de las dudas esparcidas por el Gobierno municipal sobre el estado de las cuentas municipales. 

La buena salud de las cuentas también tiene reflejo en el informe que se realiza sobre el periodo medio de pago a proveedores. El correspondiente al mes de junio establece un plazo medio de 13,87 días, si se incluyen en el cálculo el Ayuntamiento y los dos organismos autónomos, IPETA y el OAL de Cultura. 

Este informe será uno de los temas de los que tome conocimiento el Pleno en su sesión de hoy. En el capítulo económico se abordará una modificación de crédito de 904.000 euros, que incluye derivar 111.000 euros más a la Concejalía de Festejos.

La sesión también incluye el último trámite para extinguir el PAU de la segunda fase de Torrehierro, que despejará el camino para la tramitación del Proyecto de Singular Interés de Meta.