Sequía, producciones a la baja, mercados dispares en cada una de las producciones -entre los que destacaron los bajos precios de la uva y sobre todo de los cereales y los incrementos en frutas y hortalizas o porcino-, costes de producción finalmente a la baja -especialmente en abonos y energía- y más de mil millones de apoyos extraordinarios al campo para compensar los efectos de la sequía y de la invasión de Ucrania fueron algunos de los elementos más importantes que marcaron el comportamiento del sector agrario en 2023. Con estas alforjas sobre los hombros, el año se presenta inicialmente cargado de nuevos interrogantes, derivados tanto de las condiciones climáticas, como de la situación de los mercados exteriores, en los que la guerra en Ucrania, con todas sus derivadas, se mantiene como el factor que más puede afectar directa e indirectamente al campo, además de los cambios en la aplicación de la PAC.
En este contexto de incertidumbre se mantiene la preocupación, por un lado, sobre el comportamiento de los precios de los medios de producción; y por el otro, por los precios en los mercados exteriores de los productos agrarios donde destacan, por su peso en volumen de ventas y territorio, los cereales, el porcino y las frutas y hortalizas. En cereales, los mercados vienen de un año histórico por lo ruinoso. En porcino, los interrogantes llegan de los países asiáticos, muy especialmente a causa de China y la recuperación de su cabaña. En frutas y hortalizas, el miedo se halla entre dos frentes: de un lado, entradas desde otros territorios comunitarios; y del otro, las importaciones baratas y elevadas de productos desde terceros países, especialmente desde Marruecos.
Preocupa en el sector la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria tres años después de su última reforma, por considerar sigue sin llegar a cumplir los objetivos para los que fue aprobada, a saber: garantizar que a los productores se les paga suficiente para cubrir sus costes de producción y garantizar la rentabilidad de las explotaciones. El sector productor sigue siendo la parte más débil de la cadena, especialmente en la agricultura o en el vacuno de leche, a pesar de una cierta recuperación de los precios.
Agricultura se ha comprometido a sacar adelante una nueva disposición sobre la explotación familiar con el objetivo de proteger este tipo de empresas en el campo. En unos casos se trata de minifundios, pero en otros tienen tamaños que serían viables si existiera una política encaminada a la defensa es tipo de estructuras con apoyos diferenciados por su papel en la incorporación de los jóvenes y en defensa del territorio frente al desembarco de grandes corporaciones que amenazan su supervivencia convirtiendo al agricultor o ganadero en un asalariado más.
En el campo preocupa la posición inexistente de Agricultura en temas socio laborales como salario mínimo, jornada laboral, seguros sociales, etc., y además en otros asuntos de interés para el campo dependientes especialmente del Ministerio para la Transición Ecológica como el problema del lobo, el bienestar animal o los regadíos. Se critica la falta de peso de Atocha frente a Transición, sin una posición firme respaldando al campo en temas como el control del lobo, animal que ha pasado en Bruselas de ser especie especialmente protegida a solo especie protegida, pero sobre el que las competencias se hallan ahora en manos de cada gobierno. Preocupa que no haya existido un diálogo sobre ello con los ganaderos y además el mayor protagonismo de Teresa Ribera en otras cuestiones de medio ambiente, agua o riegos.
Inquietan igualmente las salidas definitivas que se acuerden en cuestiones ambientales con peso en la actividad agraria como el uso y las limitaciones en los productos fito y zoosanitarios o la protección de los suelos. Además, se miran con cautela medidas más duras sobre el bienestar animal por su incidencia en los costes en el campo y sus efectos sobre la política de abastecimiento comunitario. Inquieta la aplicación de la PAC a causa de una mayor burocracia, su incidencia sobre el territorio, la futura incorporación de los jóvenes, las exigencias en materias como la condicionalidad reforzada, las rotaciones de cultivos, las nuevas exigencias medioambientales o la admisibilidad en los pastos. Además, preocupa la posición comunitaria sobre las exigencias en materia de seguridad, volumen y precios de los productos importados desde terceros países y su competitividad frente a las exigencias que deben cumplir los productores comunitarios.
El PSOE se impone en Atocha.
A todo ello, en este momento se suma un nuevo organigrama en el Ministerio de Agricultura, que parece diseñado por Moncloa, marcado por cambios de denominaciones y, en algunos casos, de contenidos y de personas en las direcciones generales. En Producciones y Mercados se mantiene el nombre, si bien se va Esperanza Orellana y desembarca Ana Rodríguez, aupada por los extremeños socialistas que no pudieron poner un ministro; la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria pasa a denominarse de Producción Agroalimentaria y de Bienestar Animal y se mantiene al frente Valentín Almansa; la Dirección General de Industria Alimentaria pasa a denominarse solo de Alimentación y al frente se mantiene José Miguel Herrero.
Novedad ha sido el nombramientos de Begoña García Bernal en la recién creada Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, cuyas competencias técnicas hoy son una incógnita, designación que parece venir aupada por los socialistas extremeños que apostaban por el Ministerio. Se estima que el cometido de García Bernal va a ser más político que técnico, enfocado a las relaciones con las comunidades autónomas a efectos de dar visibilidad a las medidas diseñas por el departamento. De esta secretaría colgará la Dirección General de Desarrollo Rural, donde no hay cambios y sigue Isabel Bombal.
El nombramiento de este nuevo puesto parece que ha sido impuesto por Ferraz contra la posición del propio ministro, que defendía para el cargo a Fernando Miranda, hasta ahora secretario general de Agricultura y en adelante Secretario General de Recursos Agrarios y de Seguridad Alimentaria, de quien seguirán dependiendo los pilares básicos de la política del departamento: organismos como la Agencia para la Información y Control Alimentarios (AICA) y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), además de las direcciones generales -salvo Desarrollo Rural-.