Han estado en el punto de mira de organizaciones promotoras de los derechos humanos y muchos Estados consideran que deberían ser ilegales por el gran peligro que entrañan para la población civil. Y ahora, las bombas de racimo vuelven a estar en el punto de mira y en pleno debate después de que Estados Unidos anunciase la semana pasada que enviará ese tipo de suministro -prohibido en más de un centenar de países- a Ucrania para que se defienda de las embestidas de Rusia. Eso sí, esta munición ya ha sido usada en esta guerra por tropas de ambos bandos y ha provocado la muerte de decenas de personas y serias heridas a los supervivientes.

Las bombas de racimo se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares dispersos, como formaciones de tanques o infantería, y causar la muerte o lesiones a los combatientes.

En concreto, consisten en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas o bombetas sobre un área amplia, que puede llegar a ser de un radio de entre 200 y 400 metros. Algunos modelos pueden liberar más de 600 submuniciones que están diseñadas para estallar al impactar contra el suelo, aunque algunas no detonan y permanecen enterradas.

Esas bombetas que se quedan en el suelo pueden suponer un peligro para la población civil que es comparable a las minas terrestres, ya que pueden estallar años después cuando un civil pasa por el área, provocándole la muerte o graves heridas, según aseguran desde el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Es más, este suministro podrían ser un arma de doble filo, puesto que, aunque servirían para atacar a las tropas invasoras, las municiones que quedan enterradas podrían poner en peligro la vida de las fuerzas ucranianas o de civiles a medida que vuelvan a los territorios recuperados. 

Según la organización Human Rights Watch (HRW), una de las primeras en censurar el envío de EEUU a Kiev, tanto Rusia como Ucrania han utilizado ese tipo de armamento en la guerra comenzada a finales de febrero de 2022, pero asegura que Moscú lo usa de manera más frecuente que su enemigo.

De acuerdo con HRW, el Kremlin ha recurrido a ese armamento en varias ocasiones. Uno de los incidentes que la ONG ha investigado es el ocurrido en abril de 2022, cuando un misil balístico ruso equipado con una ojiva de municiones de racimo estalló sobre la abarrotada estación de ferrocarril de Kramatorsk, en el este de Ucrania, y causó la muerte de al menos 58 civiles.

Pero las fuerzas ucranianas, según un informe publicado el pasado mes de marzo por Naciones Unidas, también usaron bombas de racimo en 2022 en la ciudad de Izium, en el este de Ucrania.

Su naturaleza indiscriminada y sus riesgos para los civiles han generado un amplio rechazo de la comunidad internacional a su uso.

Hacia el desarme global

En 2008 se adoptó la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional para prohibir el uso y la fabricación de bombas de racimo, que entró en vigor en 2010 al alcanzarse el mínimo de 30 ratificaciones necesarias. Según el texto, los restos de este tipo de bombas «matan y mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños», «impiden la rehabilitación y reconstrucción posconflicto» y «atrasan o impiden el retorno de refugiados», entre otras cosas.

Hasta ahora, 123 países han ratificado o al menos firmado la Convención, entre ellos varios miembros de la OTAN como el Reino Unido, Francia, Alemania -que cargó duramente contra la decisión de EEUU- y España.

En el momento de su entrada en vigor, en 2010, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que este nuevo instrumento suponía un «paso adelante para el desarme global», recogió entonces la cadena BBC.

Sin embargo, las principales potencias militares, como Estados Unidos, Rusia y China, no han firmado ese documento, como tampoco lo han hecho países como Ucrania, Israel, Pakistán o la India.

De hecho, Washington tiene una relación complicada con las bombas de racimo: dejó de utilizarlas en Afganistán en 2002 y en Irak en 2003, y en 2009, por motivos humanitarios, el Gobierno de Barack Obama acordó eliminar todas las bombas con una tasa de no explosión -las que fallan y quedan enterradas- superior al 1 por ciento.

Sin embargo, con la Administración de Donald Trump, el plan de Obama fue cancelado en virtud de la «utilidad militar clara» de las municiones de racimo, según aseguró en 2017 el entonces subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, quien reflejaba la opinión del Pentágono, que siempre ha sido reacio a abandonar este tipo de armamento.

Con todo, la decisión del Gobierno de Joe Biden de dar luz verde al envío de bombas de racimo amenaza con tensar las relaciones con el resto de países de la Alianza Atlántica, asegura el director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas (ACA), Daryl Kimball, quien sostiene que el suministro de ese tipo de munición sería «contraproducente y solo aumentaría los riesgos para los civiles atrapados en zonas de combate y para aquellos que, algún día, volverán a sus ciudades, pueblos y granjas».