A Pedro Sánchez se le están poniendo las cosas muy cuesta arriba, electoralmente hablando. Siempre tiene a Félix Tezanos para darle alguna alegría, pero pocas satisfacciones más le quedan al presidente del Gobierno, más allá de las cuestiones internacionales, en las que se refugia todo lo que puede. 

Acaba de celebrar la cumbre con Francia y dentro de unos días será la de Marruecos, más complicada. Esta última, además, viene precedida de una decisión insólita que se produjo esta semana en el Parlamento Europeo: el grupo socialista español no votó a favor de la condena a Marruecos por su falta de respeto a los derechos humanos. 

El último disgusto -si el presidente es de los que se disgustan, que está por verse- le ha venido en forma de manifiesto. El pasado miércoles, más de 200 políticos, intelectuales y periodistas hicieron público un comunicado en el que criticaban duramente la política de su Ejecutivo. No es nuevo, pero la novedad en esta ocasión es que, entre los firmantes, había un puñado de personas muy conocidas por su apoyo incondicional al PSOE como Juan Luis Cebrián, Miguel Angel Aguilar, Augusto Delkader, Joaquín Leguina, Rosa Díez, Andrés Trapiello, César Antonio Molina, Jorge Dezcallar, Fernando Savater y Clemente Auger, entre otras. Nombres destacados que solo se movilizan ante situaciones que consideran de gravedad.

Hace unos meses, sería impensable que cualquiera de ellos firmara un documento que dice que el modelo que hoy propone el Gobierno «coincide con la pretensión del secesionismo vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución» y que si prosperase «estaríamos a las puertas de un proceso que acabaría destruyendo la nación política española».

Ataques coordinados

Sánchez no se inmuta, aunque en Moncloa se nota la preocupación por el futuro pese a que los hombres y mujeres del presidente desmienten que exista inquietud sobre el resultado de las elecciones que se celebrarán este año. La consigna en el Ejecutivo es, en primer lugar, el ataque despiadado al PP; cada día se envía a los ministros un argumentario para utilizar contra el partido conservador y su líder, Alberto Núñez Feijóo. Por eso, las declaraciones suelen ser muy parecidas y con los mismos ejemplos. Y, si además se les da pie para la crítica, como ha ocurrido esta semana con el famoso protocolo antiabortista promovido por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, obvian las explicaciones del presidente del Gobierno regional y su insistencia en que ese protocolo no existe. Es igual, se arrecia el ataque.

El PP ha tenido una mala semana con este asunto, lo que abundará en la escasa simpatía que tiene el partido, con Feijóo a la cabeza, por la formación de Santiago Abascal. Ya intentó Vox poner contra las cuerdas los Gabinetes autonómicos de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso y el municipal de José Luis Martínez Almeida. Pero lo de García Gallardo, en Génova lo consideran casus belli y si ya eran reticentes a plantear la idea de formar Ejecutivos de coalición con Voz, ahora están decididos a buscar cualquier fórmula antes de llegar a ningún tipo de acuerdo.  Mientras, Sánchez ha encontrado carnaza con la que hacer que se soslayen sus propios problemas y pone el acento en las alianzas del PP y Vox.

El manifiesto es una demostración más de que el descontento hacia el presidente es generalizado. Al rechazo a las cesiones que ha hecho a los independentistas y a Bildu se suma ahora un asunto mucho más grave … que es precisamente lo que ha provocado las acusaciones al Gobierno de anticonstitucionalismo. Ha aprobado leyes que han soliviantado a gran parte de la sociedad y han causado un tsunami en las propias filas socialistas, donde cada vez son más frecuentes los ejemplos de distanciamiento de personajes relevantes con Sánchez. 

Ha provocado escándalo la aprobación de la Ley del solo sí es sí, que tanto favorece a condenados por delitos sexuales hasta el punto de que más 200 violadores han sido excarcelados o reducidos sus años de condena. Menos polémica ha desatado la ley trans, pero sus consecuencias se verán a medio plazo y serán muy graves si se aplica tal como fue aprobada. Por no mencionar que para el sanchismo puede ser letal, sobre todo en año electoral, la entrada en vigor de la ley que elimina el delito de sedición y rebaja las condenas por malversación. 

De hecho, desde el Gobierno se ha pedido a los jueces que apliquen estas leyes con responsabilidad teniendo en cuenta sus consecuencias, pero la respuesta ha sido unánime: los tribunales están obligados a aplicar la ley, lo que diga la ley. 

Desde Bruselas llegaba un nuevo susto para el presidente, de la mano del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, sobre las consecuencias de haber reducido las condenas por el delito de malversación: podría vulnerar la protección de los fondos que envía Europa a los países miembros. Palabras mayores, por mucho que desde Moncloa se reaccionara con supuesta indiferencia ante esta advertencia. Una actitud que ha indignado a personas que tienen capacidad para responder poniendo en su sitio -en mal sitio- al Ejecutivo español. 

Por ejemplo Manuela Carmena, jueza y exalcaldesa de Madrid por Ahora Madrid, vinculada entonces a Unidas Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero. Carmena, que continúa siendo un referente para la izquierda, incluida la socialista, ha expresado su rechazo rotundo a la Ley del solo sí es sí, de la que ha dicho que se hizo «con poca inteligencia» y no corregirla es «soberbia infantil», recordando que el BOE está plagado de rectificaciones.

El Ministerio de Igualdad, que sigue difundiendo que los jueces son culpables de que se reduzcan las penas a los condenados por delitos sexuales, ha aprobado una importante partida de dinero para ampliar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Entre otras medidas quieren facilitar pulseras electrónicas a los agresores, para garantizar la seguridad de sus parejas. Las propias fuerzas policiales dudan de la eficacia de esa metodología, entre otras razones porque se necesitarían más funcionarios de los que hay actualmente para proteger a las personas en peligro. Nuevo problema: la norma no recoge la protección de los hombres agredidos por mujeres, y los requerimientos de un hombre acosado por una mujer no han sido atendidos. Como diría Carmena, la ley se ha hecho con poca inteligencia.

Situación económica

El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, confía en que les salve la recuperación económica, que se mueve estos días con buenas cifras. Se está controlando la inflación y se aleja el peligro de la recesión. Pero no es suficiente. La deuda alcanza ya el 116 por ciento del PIB y los intereses harán imposible cumplir con los compromisos de ayudas y subvenciones del Ejecutivo, que además no llegan a la mayoría de los ciudadanos que creían tener derecho a ellas pero se encuentran con que no cumplen los requisitos o la burocracia impide que entren a tiempo sus solicitudes. 

Las noticias positivas no alivian la situación de millones de familias, que no consiguen llegar a fin de mes por el alza abusiva de los precios. Por otra parte, son muchos los españoles a los que indignan algunas iniciativas del presidente que pretenden presentarlo como un hombre cercano a los ciudadanos, como ir a jugar a la petanca con un grupo de jubilados en un parque de Coslada, que se presentó como un encuentro casi improvisado cuando los implicados eran miembros destacados del PSOE en la localidad madrileña. También sorprende negativamente la nueva idea de la ministra Montero, peregrina como todas las suyas: sancionar a los medios que no informen con «perspectiva de género».

La preocupación del presidente y sus ministros por las elecciones próximas les está convirtiendo en marcianos: están perdiendo el norte.