La Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) de Toledo atendió el año pasado a 308 víctimas de violencia de género, de las que catorce eran menores. Por tanto, supusieron el 69,2% de las víctimas que pasaron por la oficina. Más allá de las cifras, lo cierto es que la Fiscalía de Toledo observa carencias y no es el primer año que se las comunica a la Fiscalía General del Estado para que las plasme en la memoria de actividad. En la del año 2022, que se presentó públicamente en septiembre, los fiscales de Toledo «ven mejorable» la relación con esta oficina, aunque no precisan cómo o el documento, al menos, no lo subraya.
Si bien, está claro que esta necesidad no se detecta únicamente en Toledo, ya que otras fiscalías territoriales también comparten la carencia de personal y de instalaciones adecuadas en la mayor parte de los casos. El año pasado, la Fiscalía de Toledo puso el acento en la falta de espacios en el edificio judicial para garantizar la protección de la víctima, pero este año esta necesidad no ha sido reflejada, supuestamente, por la pronta adecuación y puesta en marcha del Juzgado de Violencia de Género comarcal que se ubicará en la bajo cubierta del Palacio de Justicia de Toledo antes de que finalice el año.
No obstante, en esta ocasión la Fiscalía apunta directamente a la mejora de la relación con la Oficina de las Víctimas y apuesta por la creación de un fichero en el que se recojan todos los datos de interés de las víctimas porque facilitaría la actividad.
La OAV de Toledo es un recurso asistencial que se presta desde 1999, año en el que también se abrieron las de Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca, pero desde hace años arrastra carencias por la falta de personal. Ya la Fiscalía General del Estado se fijó en este recurso en su memoria de actividad de 2020 y subrayó la escasez de personal en Toledo, una de las oficinas que más casos atiende de las cinco de la región, e incluso llamó la atención por la gran cantidad de trabajo que soportaba la psicóloga, que incluso estaba realizando funciones que excedían su cargo. Poco después, también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se hizo eco de la situación solicitando que se cubrieran las bajas y se incrementara la plantilla con un funcionario para agilizar las tareas administrativas y asistenciales que realiza una oficina que el año pasado atendió a 445 víctimas, de las cuales 404 disponían de orden de protección.
Además, la actividad de este recurso también señala que se realizaron 773 asistencias, de las cuales 451 fueron jurídicas y 322 psicológicas; y un total de 2.683 seguimientos, cifras que confirman un abultado volumen de trabajo.
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la región incluso planteó en el año 2018 la posibilidad de instaurar un servicio virtual para facilitar la atención vía internet, un proyecto novedoso que podría haber cuajado a la perfección, pero se quedó en una propuesta sin más porque no se ha vuelto a escuchar nada al respecto ni se ha plasmado en memorias judiciales.