El que la EMV no haya construido viviendas en Toledo durante los últimos años ha sido la mayor crítica del PP, hoy en el Gobierno municipal, a la gestión del que ha sido su gerente, Luis Enrique Espinoza, durante las últimas cuatro legislaturas. Unas críticas que se consumaron en pasado viernes, en un Consejo de Administración en el que PP y Vox cesaron a Espinoza por «falta de confianza», y donde precisamente este había presentado un informe sobre la situación actual y propuestas de actuación a futuro.
El informe recogía básicamente el lastre que supuso para la entidad los prestamos solicitados para construir en Vega Baja y las reparaciones en La Legua, a lo que se unieron los problemas, por ley, para pedir nuevos créditos. De forma que la EMV buscó alternativas, que para la vivienda se concretaron en la venta de solares, y para la subsistencia de la entidad, en el encargo de encomiendas por parte del Ayuntamiento, como el cobro de multas. A partir de ahí, y a pesar de la carencia de suelo público, de cara al futuro, Espinoza puso sobre la mesa un plan de trabajo.
Los problemas de la EMV, apunta el escrito, se iniciaron en 2006, cuando adquirió a la Empresa Municipal Vega Baja dos parcelas para uso residencial en aquella promoción con un préstamo concedido por CCM. Estas devinieron inviables por la declaración de Bien de Interés Cultural del yacimiento. No fue hasta los años 2009 y 2011 cuando llegó la permuta con la Junta de Comunidades de esos suelos por otros residenciales en el Polígono. Pero mientras tuvo que abordar elevados costes financieros por ese retraso «lo que hizo inviable su promoción directa pese a los diversos intentos, dado que había comenzado la crisis inmobiliaria y económica que bloqueó el mercado, se limitó el acceso a la financiación y se produjo la anulación de ayudas directas a la promoción dentro de los planes de vivienda con protección pública».
A este problema se unió el de los gastos de las reparaciones construidas en 2005 en La Legua, que ascendió a 1,45 millones de euros, a los que hubo que añadir otros 315.000 euros de indemnización a un grupo de 20 propietarios que acudieron a los tribunales.
A pesar de eso, entre 2007 y 2011 la EMV pudo entregar 122 viviendas en Azucaica, concluyó las obras del Palacio de Congresos, entregó los aparcamientos del Seminario y San Juan de la Penitencia, inició la Casa de la Juventud, construyó 35 viviendas para alquiler en Azucaica y otras 20 en Santa Bárbara, además de rehabilitar 18 viviendas en Esteban Illán y construir el aparcamiento de la plaza de Filipinas.
Y en plena crisis, todo empeoró. En 2010 la EMV fue clasificada por la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) dentro del sector de las Administraciones Públicas al no haber obtenido en los cinco años anteriores a dicha clasificación un margen comercial que cubriese el 50 por ciento de sus costes. Esto supuso que las cuentas de la empresa se consolidan con las del Ayuntamiento y sus deudas aparecen como endeudamiento municipal, lo que conllevó mayores limitaciones para acceder a la financiación vía préstamo.
Reacción. Por otro lado, Hacienda cuestionó también la forma en que se habían tramitado los préstamos existentes tanto de compra de suelo como de promoción y pidió su convalidación o su cancelación. Eso dio lugar a repetidos intentos de convalidación y refinanciación de las operaciones, que resultaron infructuosos. Liberbank inició acciones judiciales para le ejecución hipotecaria y Caixabank anunció su intención de iniciar igualmente acciones legales para la ejecución hipotecaria. Al final tuvo que ser el Ayuntamiento el que afrontara las deudas con sus excedentes de tesorería.
Ante estas dificultades y ante la imposibilidad de hacer viviendas con gestión directa, la EMV optó por enajenar los suelos que tenía para que así se hicieran viviendas en la ciudad y de paso recuperar el dinero invertido. Al tiempo, aumentó su trabajo técnico de asesoramiento, con los Next Generation, o preparando la rehabilitación de Santa Bárbara y Palomarejos. También rehabilita viviendas en el Casco para el alquiler.
Para garantizar su susbsistencia, además, la EMV pasó a ser 'medio propio' del Ayuntamiento, lo que le permitió hacer encomiendas. Así, se encarga desde hace años de cuestiones como la gestión del aparcamiento de la plaza de Filipinas, el Programa de Vivienda Social de la Concejalía de Servicios Sociales, el Programa de Planificación e Intervención en vivienda de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda y el apoyo en la gestión de las sanciones municipales.