«Mientras dura la mala racha pierdo todo. (…) Y siento mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción». Muy bonito, pero Eduardo Galeano cuando escribió estos pensamientos no conocía el SEPE. Ni a Yolanda Díaz. Entonces hubiera tenido poco tiempo para divagar, porque la realidad le hubiera sacudido con una fuerza que supera la ficción, más allá de hermosas creaciones literarias.
Es verdad que la pandemia introdujo un brusco e inesperado cambio en nuestra vida cotidiana que nos quebró hasta hacer desaparecer el contacto social, inherente a las personas. Poco a poco, fue volviendo la normalidad y, tres años después de la irrupción del maldito virus, en concreto el martes, el gobierno, rezagado respecto a la OMS, decretó que la alarma se había acabado, retirando la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y residencias. Han tardado. No obstante, hay prácticas que se han normalizado, pese a que suponen un desprecio a colectivos vulnerables, sometidos al imperativo de las citas previas, a las llamadas infructuosas a teléfonos automáticos o a desplazamientos totalmente evitables para una simple consulta que antes se solventaba cara a cara. Y cerca. La pandemia se habrá ido, pero la deshumanización y la falta de empatía se han aposentado con descaro en nuestro sistema.
Hace unos años, no tantos, si una persona se quedaba en desempleo iba a la oficina del INEM, se apuntaba como demandante y después podía solicitar la prestación correspondiente. Los trámites se realizaban en días, con la garantía que ofrecían los trabajadores públicos en las gestiones. Ahora no. Para ser un desempleado en la época de la señora Díaz, la de Sumar, hay que tener internet, teléfono… Y coche. Sí, porque hace unos meses se decidió que la provincia de Toledo, supongo que también las demás, era un único distrito y que si alguien tenía la osadía de solicitar una cita presencial debería trasladarse a cualquier municipio, menos al suyo.  Si resides en Toledo, por ejemplo, te puede tocar ir a Villacañas. Y si eres de Santa Olalla, a Toledo. No hay más que hablar. Ésta es la nueva normalidad que la señora de los 20.000 euros ha introducido en la vida de quienes tienen la fortuna de percibir una prestación dependiente de su departamento.
De eso no se habla, como tampoco se comenta otro asunto sangrante, que afecta a personas dependientes, alguna de las cuales lleva más de un año esperando la valoración del centro base de bienestar social para conseguir una simple tarjeta de aparcamiento que pueda facilitar su movilidad y, en definitiva, hacer su vida más llevadera. Una amiga me cuenta su calvario, más duro de lo que pueda parecer, que le ha llegado a originar problemas añadidos a su enfermedad.
Es grave porque depende de la administración, que tiene del deber de facilitar la vida a los ciudadanos. Si a esto añadimos otros servicios que se han vuelto hostiles como los bancarios o el desprecio con el que son tratados los ancianos que no saben de estas historias tecnológicas, ni tienen por qué, llego a la conclusión de que el futuro se ha escrito a nuestras espaldas, pero, mientras llega, tenemos la obligación de reivindicar un presente basado en el sentimiento y en el corazón de las personas. Porque cuando uno está mal no se debe resignar a ir a peor.