El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una prolongación del contrato del Palacio de Congresos del Miradero por 16 meses, lo que significa que la actual concesión se extenderá hasta el 23 de febrero de 2034. El mismo informe en el que se sustenta esta medida también ha servido para rechazar la pretensión de la concesionaria ('Gist Total Congres And Meeting SL') sobre la ampliación del plazo 120 meses «porque se alterarían varias condiciones de la oferta» y «rompería el espíritu del acuerdo en el que se basa este contrato». De igual manera se ha descartado la petición de 1.315.815 euros en concepto de reequilibrio económico por los costes ocasionados durante 2020, año de las restricciones por la pandemia.

'GIST' argumenta la solicitud de incrementar 10 años la concesión en la necesidad de darse margen a la hora de realizar las inversiones comprometidas en el contrato.

Los servicios jurídicos municipales admiten que han existido «periodos de imposibilidad de ejecución» de este contrato «de forma total y parcial» y que está «documentado», por lo  que se sugiere recabar un  informe al Economista para determinar los efectos económicos que han ocasionado.

Este funcionario presentó entre su conclusiones la opinión de que convenía «rechazar los argumentos de 'GIST' y la medida de reequilibrio consistente en la ampliación 120 meses del plazo de la concesión porque se alterarían varias condiciones de la oferta adjudicada». 

Entendía que la medida solicitada va más allá del problema surgido en el Miradero por el cierre decretado con el COVID y que la empresa aprovecha para intentar una compensación que tiene su origen en «la reducción del volumen de operaciones previstos en el anteproyecto y en la oferta», es decir, con la reducción de ingresos debido únicamente a su responsabilidad como gestora del Palacio de Congresos.

En todo caso no descarta echar una mano a la empresa desde el Ayuntamiento para «el supuesto de que las medidas de reequilibrio no fueran suficientes» y se solicite «un reequilibrio por fuerza mayor derivado del COVID-19»,  en cuyo caso, «siempre que jurídicamente fuera posible, se aprobaría un modelo financiero» con criterios adaptados a las circunstancias.

La empresa también pide el aplazamiento del canon del ejercicio 2019 que se cifra en 69.479 euros para el que se admite un fraccionamiento de pago. Finalmente, sobre la supresión del canon del ejercicio 2020 se desestima en la medida que el palacio de Congresos pudo abrir parcialmente y lo que se propone es que se pague el canon en función del resultado de la explotación.