«Máxima preocupación» en Fedeto por el aumento del absentismo

La Tribuna
-

La Federación de Empresarios presenta un informe «demoledor» en el que denuncian el crecimiento exponencial de las bajas y como afecta al gasto público y al de las empresas

Imagen de archivo de trabajadores en una oficina. - Foto: V.B.

La Federación Empresarial Toledana ha hecho público un informe en el que se apunta a un «crecimiento exponecial de las bajas» generando un efecto «directamente proporcional al gasto público y a los costes de las empresas».

Según los datos recogidos en el informe, que ha sido presentado ante la Junta Directiva de la Federación, en España, con una población protegida por el sistema de la Seguridad Social, de 19.072.017 personas, el número total de bajas por procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) fue de 8.106.077, lo que representa un 10,89% más que en 2022 y un 55,42% más que en 2018, tal y como ha transmitido la propia federación en nota de prensa.

A nivel regional, en Castilla-La Mancha, con una población protegida de 706.473 personas, el número total de bajas por procesos de ITCC, fue de 289.576, lo que representa un 19,63% más que en 2022 y un 88,39% más que en 2018.

En la provincia de Toledo, con una población protegida de 240.488 personas, el número total de bajas por procesos de ITCC fue de 117.897, lo que representa casi el 50% de la población protegida y un 28,53% más que en 2022 y un 124,31% más que en 2018.

Analizados los datos del periodo 2000-2023, el estudio concluye que el absentismo laboral crece de forma directamente proporcional al aumento del empleo y al crecimiento económico (periodos 2000-2007 y 2014-2023). Mientras tanto, decrece de forma inversamente proporcional al incremento de la destrucción de empleo y de la expansión de la crisis económica (periodo 2007-2014).

Según Fedeto, los datos sugieren que en momentos de situación económica normal o positiva, el absentismo fraudulento crece exponencialmente y que tiende a reducirse cuando la economía se comporta de un modo negativo destruyendo empleo.

En cuanto a los costes monetarios, la Federación apunta que en España supusieron 25.326.652.216 euros, un 17,65% más que en 2022 y un 172,86% más que en 2018. De esos 25.326.652.216€, afirman que el 51,65% (13.081.223.172 euros) corresponde al gasto en prestaciones de la Seguridad Social (un 16,18% más que en 2022). El 48,34% (12.245.429.044 euros) corresponde al coste directo de las empresas (un 19,26% más que en 2022). El gasto de España en ITCC equivale al 1,6% del PIB nacional.

En Castilla-La Mancha, estos gastos ascenderían en 2023 a 937.690.088 euros, un 76,52% más que en 2018 y un 17,36% más que en 2022. De esos 937.690.088 euros, el 48,35% (453.372.887€) se correspondería con el coste directo de las empresas, y el 51,65% (484.317.201 euros), con el gasto en prestaciones de la Seguridad Social. El gasto de la región en ITCC equivaldría de esta forma al 2% del PIB regional.

Centrándose en la provincia de Toledo, han apuntado que el gasto supondría 321.842.156 euros, un 82,98% más que en 2018, y un 19,31% más que en 2022. De esos 321.842.156, el 48,34% (155.610.590 euros) se correspondería con el coste directo de las empresas, mientras que el 51,65% (166.231.566 euros) correspondería al gasto en prestaciones de la Seguridad Social. El gasto de la provincia en ITCC equivale al 2,2% del PIB provincial.

Desde Fedeto han afirmado que, pese a que a primera vista parece que el gasto para la Seguridad Social es superior al de las empresas, no es así, dado que el 75% de los ingresos de la Seguridad Social deriva de las empresas y los trabajadores.

Además, apuntan que aparte del coste directo a que antes se ha hecho referencia, las empresas tienen un coste añadido del que no se deja constancia en el informe porque no existen registros estadísticos: contratación laboral de sustitutos, horas extraordinarias, modificaciones organizacionales con clientes o proveedores.

Por último, han señalado que existe un ingente déficit en las cuentas de la Seguridad Social que se cubre a base de transferencias corrientes de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos que pagan empresas y trabajadores. Ese déficit sería estructural, y superaría, según los datos del informe, los 42.000 millones de euros.