La huelga de Letrados de Administración de Justicia se está haciendo eterna en los juzgados. La protesta, que se inició el 24 de enero, ha concluido su octava semana sin un acercamiento entre las partes, con lo que todo indica que la movilización de estos profesionales continuará con fuerza hasta que el Ministerio de Justicia mueva ficha y cumpla los compromisos y se alcance un acuerdo con el comité de huelga.

La protesta está acarreando graves costes en los juzgados porque únicamente se está sacando adelante los asuntos urgentes, parte de la materia penal y todas aquellas actuaciones que no pueden aplazarse porque supondría un perjuicio irreparable para los intereses de los ciudadanos. 

Por tanto, la huelga sigue calando hondo en Toledo, con un seguimiento del 61% de letrados de Administración de Justicia, y los afectados calculan que se han suspendido 1.957 juicios y vistas en estos dos meses en los juzgados de la provincia. Y durante el primer mes del parón el partido judicial de Toledo capital tuvo que aplazar más de 600 juicios y actuaciones.

Los Letrados de la Administración de Justicia demuestran día a día un apoyo «muy estable» en relación a esta protesta de ámbito nacional que está liderada por tres asociaciones convocantes: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados.

En este caso, el Ministerio de Justicia fijó unos servicios mínimos  en enero y más tarde decidió ampliarlos para evitar mayores perjuicios posibilitando la celebración de bodas y los mandamientos de pago de las pensiones alimenticias a menores, ya que inicialmente no entraron como materia urgente. A su vez, los letrados de la Administración de Justicia han cumplido escrupulosamente con la decisión ministerial, pero aun así la paralización de la actividad está afectando gravemente a todas las jurisdicciones, teniendo en cuenta que la civil es la más perjudicada por las suspensiones. 

Según apuntan los Letrados de Administración de Justicia de Toledo, la jurisdicción mercantil, incluida en la civil, es una de las más damnificadas, y calculan «que se tardará mucho tiempo en volver a la situación anterior a la huelga», puesto que a estos retrasos también hay que sumar que la administración de Justicia se estaba intentando recuperar de la paralización que trajo también la pandemia de covid.

A pesar de que la jurisdicción civil es la que menos asuntos está tramitando, la penal tampoco escapa a esta situación porque los juzgados de lo penal tampoco están trabajando a pleno rendimiento y muchos juicios que estaban señalados porque no entran dentro de los servicios mínimos. Por tanto, la actividad en estos momentos se centra en las actuaciones de los juzgados de guardia, los juicios y comparecencias con preso y las actuaciones relativas a la violencia de género.

Por otra parte, la huelga también está aparcando buena parte de la actividad de los juzgados de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo y de la Audiencia Provincial. El panorama, a juicio de los profesionales afectados, es bastante sombrío y los daños cuantiosos en la administración de Justicia porque, entre otras cosas, resultará imposible poner la agenda al día este año y celebrar el volumen de actuaciones que se están aplazando.

Reivindicaciones. Los Letrados de la Administración de Justicia, antiguamente llamados secretarios judiciales, siguen observando «una patente falta negociadora» por parte de Justicia y tienen la sensación de que el Ministerio está dejando pasar el calendario para que la solución venga por «el desgaste» de estos profesionales en huelga.

Pese a todo, el colectivo se mantiene «unido y fuerte» a pesar de que la huelga lleva ya dos meses y  continúa exigiendo una negociación colectiva propia, la aplicación de un coeficiente al complemento general que se aplica al cuerpo A1 del Ministerio y la aprobación urgente de dos reales decretos retributivos antes del 15 de abril, con efectos de enero de 2023, para que los importes no sean inferiores un 85% de las retribuciones de jueces y magistrados.