Los servicios sociales son el cuatro pilar del Estado del Bienestar, por detrás de la educación, la sanidad y las pensiones. Y es por ello que debería ser -porque no siempre sucede- uno de los asuntos prioritarios en la agenda social y política de nuestros gobernantes, pero como lamenta el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, cuando «vienen mal dadas no puede ser que seamos los últimos en llegar a la fiesta y los primeros en irse». La Tribuna ha charlado con él para conocer de primera mano en qué punto se encuentra el Tercer Sector en estos momentos y cómo afronta un año 2024 que, según los expertos económicos, pinta complicado.
¿Lleva presidiendo la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha desde noviembre de 2020. ¿Cómo está siendo esta andadura?
Formé parte desde el principio de la gestora y del grupo motor de los años previos. Estos años como presidente, y con el equipo que tenemos en el Comité Ejecutivo, están siendo años de mucha incidencia política. Creo que tenemos un buen balance en cuanto al trabajo que se está haciendo desde la Mesa, porque nuestro objetivo era, básicamente, que tuviéramos una Ley del Tercer Sector a nivel regional, aunque la pandemia paralizó el desarrollo ideal que nos hubiese gustado tener. Es verdad que han sido años en los que hemos podido poner en marcha el desarrollo de la Comisión para el Diálogo Civil que, quizá mucha gente no la conoce, pero para nosotros es un herramienta básica. Es un espacio de dialogo bilateral entre nosotros y el Gobierno para ir planificando, desarrollando y poniendo en común cuáles son las prioridades que tiene el Tercer Sector social en la región y de manera trasversal en todas las áreas de la Junta. También han sido dos años en los que hemos intentado trabajar mucho la cohesión interna, fortalecer que las entidades se sientan parte del Tercer Sector, dar a conocer a la sociedad, a los medios y a la clase política qué es el Tercer Sector porque aún hay mucho desconocimiento; y también dejar claro que, por ejemplo, la propia Mesa no es algo que haya creado la Administración. Había entidades nuestras que pensaban que la Mesa era un órgano creado por la Administración y que nos había invitado a siete entidades a formar parte de ese órgano. La Mesa surge del propio movimiento asociativo, de la sociedad civil.
Ahora estamos en la siguiente fase esperando a ver qué pasa, también con una campaña, con un plan de comunicación nuevo y con otra de las prioridades que teníamos en esta legislatura que era desarrollar un plan de estabilidad a nivel económico y de sostenibilidad para que las organizaciones no tuviéramos que estar concurriendo todos los años contra nuestras propias asociaciones en los proyectos anuales y demás. Hemos conseguido este año, a través de una subvención nominativa en los presupuestos, aparecer en las cuentas generales de la comunidad. Ese dinero que venía a estas federaciones va ahora directamente a las asociaciones de base. Estamos ahora todavía intentando mejorar este proceso para que el año que viene se incorporen las federaciones a través de los proyectos del IRPF, por ejemplo.
Ha comentado que era necesario trabajar en que las propias entidades de la Mesa del Tercer Sector se sintieran más integradas dentro de este órgano. ¿A qué se ha podido deber que no fuera así?
Las organizaciones de representación, las plataformas, de incidencia… porque al final tenemos que tener claro que si el Tercer Sector existe es porque la sociedad civil ha decidido organizarse para luchar y trabajar por un bien común. Al final, muchas veces podemos hacer el efecto contrario cuando surgen determinadas plataformas, federaciones o confederaciones, puede ser que termine existiendo cierta desafección o cierto sentimiento de intentar ver que esto es otra cosa, que ahí está la Plataforma o la Mesa en Toledo o en Madrid y muchas veces es significativo que cuando hablas con gente de las entidades hablan en tercera persona. Las propias entidades del Cermi, cuando hablan de nosotros, dicen es que «vosotros en el Cermi», cuando nosotros no somos el Cermi. El Cermi son ellos. La Mesa del Tercer Sector es una estructura que se ha creado pero quién forma parte de ella son las personas de base que están en las entidades que la integran. En estos años que vienen, que no van a ser fáciles, nos tenemos que plantear como un reto el favorecer y fomentar la participación de la gente.
¿Sigue notando desafección de personas que forman parte de asociaciones de base con los órganos superiores como la Mesa del Tercer Sector?
Más que desafección, lo que falta es fortalecer la comunicación interna, es decir, de la Mesa hacia sus entidades y de las entidades hacia sus bases. Más allá de que pueda pagar una cuota todos los meses y reciba una serie de servicios que te presta una entidad, esta está dentro de un sistema de público de servicios sociales, sobre los cuales, ni siquiera la entidad tiene capacidad para decidir quién entra o no, si no que es la Administración. La implicación y la participación no llega. Convocamos las asambleas y la gente no participa o vienen siempre los mismos. Pasa como en las comunidades de vecinos, siempre van los mismos. Generar ese sentimiento cívico de participación, de pertenencia, de que la asociación no es de una Junta Directiva, si no que es de todas las personas que formamos parte de esa entidad. Muchas veces se piensa que por pagar una cuota lo tengo todo cubierto, ya participo. No. El asociarse supone mucho más. Ese déficit no pasa solo en Castilla-La Mancha, pasa en toda España.
La realidad actual plantea muchos retos y trabajos que abordar en el panorama social. ¿Dónde pondrá el foco la Mesa del Tercer Sector?
Estamos a la expectativa de varias cuestiones porque como entidad de incidencia política depende mucho de los interlocutores que tengamos al lado. No nos enfrentamos a las administraciones, si no que intentamos dialogar con ellas, esté quien esté. Queremos que el nuevo Gobierno que se está conformando en Castilla-La Mancha tenga, entre sus prioridades, una agenda social que se base en blindar los derechos sociales. Para nosotros es prioritario que en cuanto se abra el melón del debate sobre el Estatuto de Autonomía, esos derechos sociales queden recogidos y blindados. Que no nos pase como en otros momentos que cuando vienen mal dadas… Mucho me temo que 2024 puede ser un año complicado porque los Fondos de Recuperación se acaban este año, el cumplimiento del déficit de las comunidades autónomas y del país se establece de nuevo el año que viene y me imagino que los gobiernos autonómicos y el gobierno estatal, si hay, tendrán que hacer ajustes. Nos preocupa que nos caigamos de esas prioridades y de la agenda social.
¿Considera básico que la Mesa del Tercer Sector esté sentada en la mesa que debata la modificación del Estatuto?
Se tiene que hablar del Tercer Sector. Después de 40 años estamos demostrando que somos un sector fuerte. Somos, quizá, la segunda empresa en cuanto a empleadores. Después de la Administración, si pones encima de la mesa colectivos, infraestructuras y demás, creo que el Tercer Sector es la segunda empresa de la región en cuanto a personas trabajando. Generamos riqueza y revertimos la inversión pública a la sociedad. Y por ello pedimos que cuando los grupos políticos comiencen a negociar el Estatuto tengan en cuenta que el Tercer Sector tiene que aparecer, recogido como un interlocutor social. A nivel estatal se le ha traslado a todos los partidos también para la reforma constitucional. Hace 40 años había unos interlocutores económicos y sociales y ahora hay otros. Tenemos el mismo derecho que tenían hace 40 años otros interlocutores.
¿Y qué colectivos son, en su opinión, los que más ayuda necesitan en estos momentos?
Seguimos estando en unos índices de pobreza y exclusión social todavía altos. Consideramos básico desarrollar con el nuevo gobierno que entre una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero también en Castilla-La Mancha. En el ámbito de la discapacidad se viene trabajando en mantener los presupuestos, aumentándolos, manteniendo servicios pero hace falta una estrategia global porque la discapacidad no solo tiene que depender de Bienestar Social. Hablamos de educación, vivienda, transporte, sanidad, atención sociosanitaria… Es decir, de una estrategia de coordinación entre todos los departamentos de la Administración y que sea global. Y en un ámbito que normalmente se relaciona con la discapacidad como es la accesibilidad. Es prioritario en esta legislatura que se actualice la Ley de Accesibilidad de 1994, no podemos seguir mucho más tiempo ya con una ley obsoleta. La accesibilidad beneficia a todas las personas. La sociedad ha cambiado, nuestro entorno ha cambiado. Cualquier relación que tengas que hacer con la Administración la tienes que hacer de manera electrónica. Muchas veces los cambios son más rápidos que las adaptaciones que se necesitan y, al final, la accesibilidad es un derecho.
En infancia, por ejemplo, tenemos una ley de la Infancia y la Adolescencia recién aprobada y es súper necesario que se empiece a desarrollar. Se está negociando ahora el nuevo concierto social que es otra de las prioridades básicas que tenemos, garantizar esa estabilidad económica de todo el Tercer Sector. Se desarrolló el año pasado en mayores de manera muy mejorable.
¿Por qué?
Porque se salió con un precio plaza que, a todas luces, todo el mundo ha coincidido que era bastante escaso para las necesidades reales que tenían las residencias de mayores. Se ha conseguido incrementar un poco, pero todavía hay que dar un salto cualitativo. Quizá el reto más difícil de la concertación social va a ser discapacidad porque hay variedad de servicios como la atención temprana, servicios de ocupaciones, de capacitación, residencias o viviendas… Tenemos ahí una problemática importante y tenemos mucho trabajo por delante.
¿Y en materia de cooperación internacional?
Somos de las últimas comunidades autónomas en cuanto a importe que se destina de los presupuestos a cooperación al desarrollo. Es necesario también una estrategia en este sentido y que se haga un esfuerzo por incrementar ese presupuesto que se destina, además de ir cumpliendo con la Agenda 2030.
Comentaba que a partir de 2024 las cosas vendrán complicadas. ¿Cree que el Tercer Sector es el primero en verse perjudicado cuando las administraciones se ven obligadas a recortar o reducir gastos?
Hay varios factores que inciden muchas veces en estas cuestiones. Depende mucho de la capacidad de incidencia y de la respuesta que se tenga. Quizá haya sido un fallo nuestro como Tercer Sector que en los últimos años no hemos estado lo suficientemente cohesionados, si no que cada uno iba por su lado hablando de lo nuestro. La diferencia es que llevamos unos años haciendo factor común. El valor de la unidad es importante. Gracias a la Mesa tenemos una voz unitaria, que no es única, cada uno tiene sus particularidades, pero en lo que nos afecta a todos sí que vamos de la misma mano y con la misma voz. También te digo que nuestra respuesta va a ser mucho más contundente con todas las administraciones. Tenemos muy claro que en la estrategia de la negociación política tenemos que poner encima de la mesa nuestras necesidades y nuestra capacidad de cooperación, pero también tenemos que poner plazos. No podemos dejar sine die reformas legislativas que llevamos esperando seis, siete u ocho años. Se van dando largas y muchas veces no entendemos muy bien por qué. Ya ha llegado el momento de decir «no», esto nuestro también es importante.
¿Ayudaría que hubiera en la estructura de la Junta una Dirección General de Accesibilidad?
En esta cuestión hemos dado algunas alternativas como una Agencia regional o un Comisionado o una Comisionada como el de la lucha contra la despoblación. Esa figura podría depender de la Vicepresidencia, que ahora encima tenemos dos, trabajar de manera transversal y que, además, tuviera capacidad de incidir, de sancionar y demás. No se puede hacer ni una sola actividad en la Junta de Comunidades que no sea accesible. No se puede adjudicar un pliego de condiciones para construir algo si no es accesible, por ejemplo, o una línea de transporte que no sea accesible. Y luego lo que comentas, no puede ser que cuando vienen mal dadas, seamos los últimos en llegar a la fiesta y los primeros en irnos.
Respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el presidente regional aseguró que su intención es blindar los servicios públicos, pero también quiere introducir cambios en materia de agua y con la Ley electoral. ¿Teme que estos dos últimos temas eclipsen o impidan que, finalmente, se pueda debatir sobre los servicios públicos?
Sí, ya en la primera legislatura se empezó a hablar y nosotros tuvimos reuniones y estuvimos trasladando los mismos temas que ahora. El agua es básica, porque donde hay agua hay desarrollo económico y humano. La lástima es que se haya metido en la lucha política. Tenemos que ser solidarios, pero primero tenemos que ser sostenibles. Creo que más allá de la reforma para blindar el agua habría que buscar un Pacto de Estado. Igual que con el tema de la Ley electoral. Este tema a la ciudadanía, que haya 33 o 53, 54 o 55 diputados, en última instancia, no es un asunto que hablemos en los supermercados o en los bares.
Lo nuestro, que es lo de todos, porque al final lo que nosotros proponemos no es un tema para la Mesa de la Tercer Sector, es un tema para todos. Hay algo con lo que no podemos luchar, que es la edad. Nos hacemos más mayores y cada vez somos más personas, más mayores. Vamos a necesitar más atención y cuidados. Hay que reforzar esos servicios públicos y tenemos que garantizarlos en el Estatuto de Autonomía. Además, queremos estar en el debate desde el principio, teniendo voz en todos los ámbitos que tengan que ver con el desarrollo del Estatuto porque nos afecta a todos.
¿Qué prioridades pediría al Gobierno una vez se abra el debate de la reforma estatutaria?
Si al final no puedes centrar todos los servicios sociales solo en las prestaciones que vienen de la Dependencia... Por ejemplo, en el acceso al empleo, que haya una reserva mínima garantizada a personas con discapacidad o colectivos vulnerables. La cooperación al desarrollo también. Habrá gente que no lo vea prioritario, pero creo que también es importante que Castilla-La Mancha sea una región solidaria.
O la Renta Garantizada. A nivel nacional se creó el Ingreso Mínimo Vital pero, al final, no ha funcionado. Debemos garantizar que cualquier persona que lo esté pasando mal y tenga dificultades económicas o una carencia de recursos, la Administración, que somos todos al final, con el dinero público de los castellano-manchegos, haya una renta garantizada para esas personas. A ver, en el Estatuto de Autonomía no cabe todo pero los mínimos deberían ir por ahí. Y que los grandes cambios se hablen con las entidades que representan el sentir de la sociedad. Muchas veces desde los despachos se pueden dar ideas, pero hay que bajar a la calle, estar con la gente y hablar.