El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha emitido un auto por el que declara la suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno de la región por el que se declaraba la urgencia en la ocupación de los terrenos afectados por expropiaciones por las obras de puesta en valor del yacimiento Ciudad de Vascos que está promoviendo la Diputación.

La medida cautelar de la suspensión fue solicitada por una de las propietarias de los terrenos afectados, dándose la circunstancia de que la parcela de esta persona tiene especial relevancia en el proyecto, en tanto que es la misma sobre la que se está levantando el centro de interpretación.

La representación de esta propietaria alegaba por un lado los posibles daños a la ecología y al medio ambiente que la ejecución del proyecto podrían causar, un motivo que «no tiene la relevancia que la parte pretende darle como fundamento de la medida, sin perjuicio de la importancia que pueda tener cuando se analice y se resuelva el pleito principal».

Y, además, se agregaba que no está justificada la urgencia del proyecto, en tanto que, entre otras cuestiones, ya hay un centro de interpretación en el municipio de Navalmoralejo, y es en este extremo en el que en mayor medida se pronuncia el TSJ. Así, «como se ha acreditado» a través de la prueba pericial practicada por un ingeniero de montes, aparte de la existencia de ese otro centro, «existe ya una vía de acceso al yacimiento con la misma función que la senda que se pretende trazar desde el embarcadero 2 hasta la propia media musulmana que desde muy antiguo está siendo visitado gratuitamente en su actual emplazamiento».

Además, «aun cuando se alegue el alejamiento del actual centro de interpretación con relación a la Ciudad de Vascos, tampoco es menor la del centro proyectado para llegar por barco y a través de una senda de dos kilómetros hasta la medida».

Por consiguiente, agrega el auto, «ante esta realidad incuestionable resulta muy difícil aceptar la necesidad de la urgencia de un nuevo centro de interpretación con nuevos accesos que duplican los existentes sin una explicación, que no se ha dado, de porqué las antiguas instalaciones no sirven o no cumplen los objetivos o funciones del nuevo proyecto; todo ello en un entorno de especial protección medioambiental cuya salvaguarda debe restringir la realización de obras como las previstas».

La resolución del Consejo de Gobierno invocaba la necesidad de acometer cuanto antes el proyecto en tanto que creador de riqueza y de empleo en una comarca deprimida. A este respecto, el Tribunal Superior apunta que «el fomento del empleo y la riqueza en una zona estructuralmente deprimida no puede depender solo de ese proyecto ni se comprende bien cómo puede cambiar sólo con esa inversión, cuando, ancestralmente, su situación económica siempre ha sido igual y deficitaria».

Este diario ha intentado ponerse en contacto con responsables de la Diputación para conocer si se había recurrido el auto a través del recurso de súplica, que es la vía para hacerlo, sin que fuera posible.