Cuando en las Cortes regionales toca hablar de Sanidad, aunque sea en la Comisión de Presupuestos, de lo que se acaba hablando es de las listas de espera. La oposición pide medidas excepcionales, pero el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, tiene claro qué es lo que hay que hacer y qué no. «Seguiremos con un modelo estructural que es consolidar los recursos que dedicamos a la asistencia sanitaria», explicó, «cuantos más profesionales, más tecnologías, mejor para el sistema». Ya en la anterior legislatura el PP demandaba medidas urgentes como un plan de choque de listas de espera, pero a Fernández Sanz esas fórmulas no le convencen.
Aseveró que cree mucho más en seguir mejorando y ampliando el sistema con equipamientos y profesionales. «Hemos visto que los planes de choque en otras comunidades tienen efecto rebote», apostilló. Es decir, que aunque esos planes coyunturales pueden llegar a reducir las listas de espera, en cuanto dejan de aplicarse estas se vuelven a incrementar.
Reducción del 30%. El gerente del Sescam, Alberto Jara, que también intervino en la Comisión, en el turno de tarde, dijo sentirse sorprendido por el manejo de las cifras que hizo el portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Moreno Moya. «Me sorprende cómo maneja las cifras porque creo que hay que ser escrupuloso a la hora de comparar datos».
Él también los comparó y lo hizo con los últimos datos de listas de espera del Gobierno de Cospedal, en 2014, todo «con ánimo de transparencia y de deshacer la confusión», añadió. Así, recordó que en septiembre de 2014 había en lista de espera 157.678 pacientes. Nueve años después, esta cifra ha bajado hasta los 109.000. «Hablamos de una reducción del 30 por ciento», resumió el gerente del Sescam, que también puso en valor el descenso en el número de días que los castellano-manchegos esperan para ser operados: 60 días menos que cuando gobernaba el Partido Popular. «Esto solo se consigue invirtiendo en recursos humanos, en infraestructuras y tecnología y desplegando mucha más actividad».
El modelo de la Junta para combatir las listas de espera es tan 'estructural' que incluso quiere que haya unos tiempos máximos garantizados por ley. El borrador de la normativa ya está elaborado y se presentó incluso antes de las elecciones de mayo, proponiendo unos tiempos máximos de 180 días para una operación, 60 días para una consulta y 30 días para pruebas técnicas. En estos momentos la ley está también en 'espera', pero el consejero se pone un plazo para llevarla a las Cortes:«La Ley de Tiempos Máximos la traeremos a las Cortes en 2024».