En el estante de las Denominaciones de Origen de la despensa agroalimentaria castellanomanchega, conviven también varias Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que han logrado un hito como marca de región, al prestigiar como las D.O, el trabajo de tantos productores, gracias a normas quizás más sencillas que también tienen como propósito garantizar el valor añadido del producto, diferenciarlo de la generalidad, dejando el rastro del origen y de su propia trazabilidad.
Pensemos por un momento ¿qué lugar ocuparía en el mercado, o qué percepción tendría el consumidor europeo de los 'ajos morados de Las Pedroñeras' si no hubiera existido esta figura, reconocida internacionalmente, o la del propio 'Cordero Manchego', la del 'Melón de la Mancha' o la popular 'Berenjena de Almagro'? Todas son IGP´s como las 3.500 figuras que existen en la Unión Europea cuya facturación representa más de 80.000 millones de euros.
¿Qué hubiera sido de muchas bodegas si en la mayor extensión del viñedo no se hubiera creado (en 1999), la acertada figura de los 'Vinos de la Tierra de Castilla'? ¿Cuánto volumen hubiera quedado aparcado fermentando en las cisternas del granel?
Quizás por el reconocimiento que hoy otorga el mercado al propio sello, la lista de Indicaciones sigue creciendo, y también en nuestra región al lograr recientemente el distintivo de marca de calidad para la 'Cebolla de La Mancha' o la 'Nuez de Nerpio', y todo, después de un largo camino de acreditación hasta lograr convencer ante las instituciones de que tienen entidad propia, vinculada a la tierra, a una forma de cultivar y producir, digna de llevar un marchamo como este. En ese afán, siguen pendientes de validación otras ansiadas marcas para el 'Espárrago Verde de Guadalajara', o en un futuro, el 'Pistacho de La Mancha' que también aspira a ser reconocido.
La Comisión Europea ha propuesto ahora una simplificación de la normativa para unificar los reglamentos que ordenan la concesión, un asunto que resulta capital en los tiempos que corren para garantizar la protección de estas Indicaciones frente a usos fraudulentos, proporcionando el blindaje de sus dominios digitales, la cobertura legal frente a los intentos de usurpación, o sencillamente para restar burocracia al propio proceso de registro.
Precisamente, el Parlamento Europeo ha tomado posición esta misma semana, avalando la reducción de los plazos a cinco meses, y lo que parece más importante, apoyando la posibilidad de que sean los Estados Miembros de la UE, los que capitalicen todo el proceso de comprobación y alegaciones, sin necesidad de que Bruselas supervise más documentación. Como si fuera un acto delegado.
De prosperar estas premisas y planteamientos, el nuevo marco regulatorio podría ser mucho más ágil al restar burocracia a un sector agroalimentario harto de papeles, que apoya su promoción en la diferenciación para captar a un cliente cada vez más interesado por el origen, por el terruño y por el cultivo sostenible. 
Tal es el valor del propio sello, que en los propios acuerdos comerciales, Europa ha incorporado la exigencia de reconocimiento en mercados tan estratégicos como el chino. En la práctica significa una garantía internacional jurídica hacia estas figuras que aquí, internamente, son ya casi sagradas.
La propuesta de reforma está tan avanzada que fuentes del Europarlamento aseguran que podría quedar aprobada por la Comisión en septiembre o en octubre, bajo la presidencia rotatoria que ejercerá España desde el 1 de julio.
En este sentido, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio deja abiertos varios escenarios aunque, políticamente, es una circunstancia sobrevenida que no debería alterar el calendario de trabajo de la UE, ni para esta reforma, ni para otras como la del nuevo reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, o la misma negociación Mediterránea para reclamar presupuesto adicional frente a la sequía y otras adversidades. 
 Desde las cooperativas europeas integradas en el COGECA, sí creen que pueden rebajarse las expectativas, según sea el resultado final de los comicios. Aunque la cuenta atrás también ha comenzado para la actual Comisión, ya que en 2024 se disolverá el Parlamento, y de esas elecciones surgirá un nuevo Ejecutivo.