Con la última ley de la legislatura, la Ley de Agricultura Familiar, saltó la polémica. Desde que se debatió en las Cortes el PPacusa al Gobierno de haber aprobado una normativa que permite expropiar tierras. El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, tuvo que salir a asegurar que si se expropia un terreno, él dimite. ¿Pero qué dice expresamente la ley? ¿Y es Castilla-La Mancha la única que ha planteado algo así?

Para contestar a la primera pregunta hay que ir a los artículos 26, 27, 28 y 29 de la ley castellano-manchega, donde se regula cómo pasa el suelo infrautilizado al banco de tierras, que es donde está la madre del cordero. Según indica la ley, primero hay que tramitar la declaración de suelo infrautilizado, para lo cual se tienen que dar tres condiciones: que esté en proceso de degradación, que por malas prácticas esté poniendo en peligro las cosechas colindantes o el medio natural y que lleve sin actividad agraria de manera injustificada durante tres años. 

El proceso de declaración, que tiene sus plazos para alegar, se debe resolver en un año. Tres años después de hacerse la declaración y si no ha habido ningún cambio, pasará a formar parte del inventario de suelo agrario infrautilizado. Dos años después de estar en ese inventario ya se podría pasar ese suelo al banco de tierras, con un período de diez años como mínimo y 25 como máximo. Ahora bien, la ley establece que el propietario podrá impedirlo si cede el uso a un tercero o se compromete a realizar prácticas agroforestales.

La clave de todo estaría en la posible expropiación de este suelo si se considera que no cumple la función social del mismo. La ley aclara que puede afectar solo al usufructo, pero que también «podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada» y se remite a la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

En una entrevista a La Tribuna el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, reconoció que esta opción en la práctica no se va a utilizar y que el banco de tierras se creará con las que ya gestiona la Consejería tras la extinción de las antiguas cámaras agrarias. 

Desde 2014 en Castilla y León. La idea de Castilla-La Mancha no es nueva. En Castilla y León en 2014 se aprobó la Ley Agraria con la que también se regula su banco de tierras, aunque en este caso recibe otro nombre:fondo de tierras disponibles.

La regulación del mismo es prácticamente idéntica a la que ha aprobado Castilla-La Mancha. Se podría decir que Castilla-La Mancha ha calcado los artículos de la región vecina. Los motivos para declaración de suelo infrautilizado son los mismos, igual que el procedimiento para hacerlo. También los plazos: pues serán primero tres años sin actividad agraria, otros tres de declaración de suelo infrautilizado y dos más en el inventario. La remisión a la Ley de Expropiación Forzosa también está tal cual en la ley castellano y leonesa. ¿Hay alguna diferencia?Pues sí, en la comunidad vecina esa tierra podrá pasar a su 'banco' durante un período de 30 años, cinco más que en Castilla-La Mancha.

Castilla y León lo aprobó en 2014, pero desde entonces su Fondo de Tierras Disponibles no ha cogido mucho ritmo. En 2021 todavía no se había desarrollado y se lanzó un proyecto temporal con 5.000 hectáreas con convenios con ayuntamientos y juntas vecinales para ceder el uso de las tierras sobrantes de los procesos de concentración parcelaria.

El modelo gallego. Galicia también ha planteado una idea similar, pero lo ha regulado de manera distinta a través de la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria. La Xunta ha creado un banco de tierras con la idea de intermediar entre los propietarios de terrenos y quienes quieren utilizarlos, fijando precios bajos de alquiler. Ese banco de tierras ya está en funcionamiento y, por ejemplo, en abril salió una propuesta de 600 metros cuadrados en el concello de Santiago de Compostela para pasto por 20 euros al año.

La normativa gallega, de 2021, apuesta por tanto por la intermediación, fijándose precios de referencia. Se forma con las tierras que salen de concentración parcelaria, al igual que también recoge Castilla-La Mancha y Castilla y León, las que adquiere directamente la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, las que cedan entidades públicas o las que inscriban de manera voluntaria los particulares. Una de las curiosidades es que se establece un procedimiento para investigar la titularidad de parcelas de las que se desconoce el propitetario. Si no tienen quien las posea, podrán pasar al banco.

Galicia entra también en el caso de las tierras en situación de abandono o infrautilización.  Sus propietarios podrán cederlas al banco de tierras pero con un procedimiento de arrendamiento pactado. También se da la posibilidad de una permuta.

Otra de las diferencias del modelo gallego es que también tienen un banco de explotaciones. El espíritu es el mismo, el de intermediar para que no se pierda su uso cuando el propietario por edad o por otras dificultades la va a abandonar. Aquí sí se incluye la posibilidad de que si una explotación cobra una ayuda pública e inmediatamente después no continúa con su actividad, se pasará a este banco. Eso sí, este requisito debe figurar previamente en la convocatoria de ayudas. 

Con suelo público en Asturias y Aragón. En Asturias hay un banco de tierras, formado con fincas de interés agrario que son propiedad del Principado. Aragón aprobó el pasado mes de marzo   una Ley de Dinamización del Medio Rural en la que se obliga a crear un Banco de Tierras. No está desarrollado reglamentariamente, pero ya se sabe que se hará con terrenos que pertenecen a la Administración autonómica, preservando «la propiedad pública del mismo».

Extremadura tiene una iniciativa enfocada hacia la intermediación con una bolsa específica de tierras de regadío. Lo hacen para poner en contacto a quienes quieran arrendar o vender sus tierras y aquellas personas que estén interesadas en su explotación.

En Andalucía la creación de un banco de tierras provocó mucha batalla política durante el Gobierno de Susana Díaz. IU y Podemos pedían ceder el suelo público sin cultivar a parados, cooperativas y ayuntamientos. Así lo incluyeron cuando formaban parte del Gobierno, pero Susana Díaz lo quitó cuando pudo gobernar con Ciudadanos.