Las consecuencias de la declaración del Estado de Alarma todavía continúan. En las últimas fechas, el Tribunal Supremo está recibiendo miles de litigios que demandan una indemnización por parte del Estado para aquellos negocios que perdieron patrimonio durante la obligación de cierre en los momentos más duros de la pandemia. Y entre ellos, hay «muchos toledanos», tal y como confirma Valentín Salamanca, secretario general de la Asociación Provincial de Hostelería y asesor jurídico de la misma.

De hecho, éste confirmó que ante las llamadas de los afectados toledanos ellos han hecho de intermediarios para que todos los demandantes lleven el mismo patrón jurídico marcado por la asociación nacional, con el fin de obtener la misma resolución, independientemente de las características de cada caso.

Y es que los hosteleros se acogen a un artículo de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, por el cual se establece que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

Pese a ello, la asociación provincial ofrece otra alternativa a sus socios, que no es otra que acogerse a las subvenciones de la Junta de Comunidades porque «la justicia es lenta». Salamanca revela que depende de las pérdidas de cada caso, «algunos se dan por satisfechos y otros no, lo que les lleva a mirar a la justicia».